Sucedió en el mes de octubre de 2009, durante una visita a Ruanda, en la que el gobierno del FPR en Kigali pidió al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Señor Antonio Guterres, acogerse a la cláusula de suspensión prevista por la Convención de Ginebra de 1951 contra todos los refugiados y solicitantes de asilo ruandeses con el fin de que estos últimos pierdan su estatuto justificando que Ruanda es un país seguro.
Como respuesta el ACNUR anunció que trabajarían con todas las partes interesadas, incluyendo al gobierno ruandés y a los países de acogida para reflexionar sobre una posible aplicación de la cláusula en el mes de diciembre de 2011.
Si la cláusula de suspensión es invocada, sustancialmente quiere decir que la protección internacional acordada para los refugiados ya no es necesaria. En la práctica esto se traduce en una retirada del estatuto de refugiado y el fin de los derechos y ventajas ligados a este.
La cláusula de suspensión puede ser invocada por razones de subjetividad, esto quiere decir que están relacionadas con una persona normal, como por ejemplo, un refugiado que pasa las vacaciones en su país de origen o por razones de objetividad, cuando se estima que se han producido cambios fundamentales, duraderos y efectivos, que suprimen el temor que tenía el refugiado a ser perseguido; esto último es de lo que trata la cuestión del caso de Ruanda.
Memorándum al ACNUR para denunciar esta situación
Ante esta posibilidad de invocación de la cláusula, veintiocho asociaciones de Europa, América y África han enviado un memorándum al ACNUR en la que manifiestan “su honda preocupación” y lanzan una petición al respecto para que el mayor número posible de ruandeses y amigos de Ruanda firmen su adhesión.
Estas asociaciones consideran que la suspensión de la protección a los refugiados ruandeses es “extremadamente prematura” ya que señalan, “las condiciones que llevaron a los ruandeses al exilio están lejos de acabar y en algunos ámbitos incluso han empeorado” entregan a la par una relación no exhaustiva de algunos hechos que apoyan y justifican su posición.
Entre estos aluden a los rencorosos discursos del presidente Kagame, en el encuentro con refugiados del 13 de abril de 2010 comparó a los ruandeses que huían del país como “excrementos” que el cuerpo rechaza automáticamente y más aún, el 7 de abril de 2007, en la decimo tercera conmemoración del genocidio de Murambi, Kagame dijo que lamentaba no haber exterminado número suficiente de gente en 1994 cuando atravesaban la frontera, huyendo de sus tropas.
Estas asociaciones aluden igualmente a los crímenes del FPR así como la impunidad que a día de hoy aún perdura. En julio de 1996 las tropas del FPR penetraron en el Congo y masacraron a numerosos refugiados hutus ruandeses, se estima en unos 200.000, principalmente mujeres y niños. Las asociaciones señalan que el propio Kagame confirmó estos hechos unos meses después de reunirse con al ACNUR, en su discurso del 13 de abril de 2010 ante el parlamento del FPR, en los términos siguientes “a los que debían repatriarse, se les repatrió, a los que tenían que morir, se les mató” y añadió en inglés “that’s what we did” (eso es lo que hicimos).
Las asociaciones recuerdan que estos sucesos han sido confirmados en un informe del ACNUR, en el que se dijo que estos ataques sistemáticos contra la población civil, podrían, si fueran confirmados por un tribunal competente, ser calificados como genocidio.
Una de las principales personalidades denunciadas en dicho informe es James Kabarebe, actual ministro de defensa ruandés. Para estas asociaciones, la mayor parte de los refugiados que el FPR quiso traer de vuelta, eran los supervivientes que habían logrado huir de estas mismas masacres.
Uno de los objetivos de esta maniobra es permitir al régimen del FPR tener un mayor control sobre los supervivientes de esta hecatombe con el fin de impedir su declaración y demostrar, así como confirmar o aportar, nuevas denuncias a las acusaciones contenidas en el informe Mapping.
Entre los otros actos criminales del régimen del FPR consignados por estas asociaciones figura la masacre de Kibeho, el 22 de abril de 1995, de hecho la APR, el brazo armado del movimiento FPR, asesinó a unos 8.000 desplazados internos, en su mayoría mujeres y niños, bajo la mirada de los cascos azules de la ONU y de ONG internacionales. El general Fred Ibingara mandaba las tropas que llevaron a cabo la masacre, nunca se le juzgó y fue ascendido a teniente general el 22 de abril de 2010.
La situación de los Derechos Humanos aún es preocupante
Después de esta perspectiva histórica las asociaciones detallan en su memorándum un retrato del paisaje político judicial del Ruanda hoy en día.
Desde un punto de vista jurídico, mientras que los Gacaca (tribunales populares) “inicialmente fueron aplaudidos por algunos cuando se crearon, esperando que esta jurisdicción ayudara a revelar la verdad, castigara a sus autores y facilitara la reconciliación, han terminado siendo rehenes del régimen” y utilizados por él como un fabuloso instrumento de represión contra cualquiera que no es grato por cualquier razón y que ha llevado a prisión o confinado al aislamiento a decenas de millares de inocentes.
Los tribunales ordinarios tampoco se escapan a la crítica de las asociaciones, señalando estas, que personas destacadas han sido secuestradas y detenidas ilegalmente, concluyendo que, si los dirigentes pueden ser secuestrados y desaparecidos, que le pasará a los ciudadanos de a pié que no aparecen en los titulares de los medios de comunicación.
Las asociaciones también denuncian la situación carcelaria. Las cárceles están masificadas con un número significativo de detenidos que a veces nunca han sido juzgados. Según el Centro Internacional de Estudios Penitenciarios, la cárcel de Gitarama es la segunda prisión más hacinada del mundo con 6.000 encarcelados en un edificio previsto para acoger a 500 personas.
El retrato que hacen de la situación de los derechos humanos no es mucho más brillante “las principales organizaciones de los derechos humanos como Amnistía, Human Rights Watch y Reporteros sin Fronteras están en primera línea condenando el abuso del régimen de Kigali sobre sus propios ciudadanos” agregando que no existe libertad de expresión o de prensa alguna y menos aún espacio político en Ruanda, país que de hecho es un partido-estado.
Los principales líderes de la oposición como Victoire Ingabire, Deogratias Mushayidi o Bernard Ntaganda, están encarcelados en la prisión 1930 de Kigali. Los periodistas son aún menos afortunados, el 24 de junio de 2010, Jean Leaonard Rugambage, adjunto al redactor jefe de uno de los principales medios de comunicación independientes fue asesinado delante de su domicilio. En febrero de 2011 dos mujeres periodistas han sido condenadas a 7 y 17 años de prisión por haber criticado al jefe del estado, según denuncia Reporteros sin Fronteras, “muchos periodistas ruandeses, al ser el aire tan irrespirable, huyen del país cada año”.
La repatriación forzosa de los refugiados es una prioridad del régimen desde 1994
En la carta de presentación del memorándum las asociaciones encuentran muy desgraciado el hecho que el presidente Kagame, él mismo antiguo refugiado, familiarizado con los peligros y problemas de ese tipo de vida, siga un método que agrava los problemas sociales y políticos que generan los expatriados a lo largo de la historia de Ruanda en lugar de intentar solucionarlos.
Desde 1994 la repatriación forzosa de los refugiados es una de las prioridades del régimen del FPR, como cuenta Kayumba Nyamwasa en una entrevista; desde el mismo instante, muchos supervivientes hutus de la “caza del hombre” en los bosques del Congo nos han confiado, que después de lo que ellos consideran un genocidio contra su etnia, han sido perseguidos incluso en los países vecinos.
Es por lo que una refugiada que pasó por los campamentos de Zambia nos contó que incluso en este país los soldados del FPR persiguieron y raptaron durante la noche a refugiados, la mayoría hombres, y los metieron en camiones en dirección a Ruanda.
Más recientemente, en julio de 2010, el mismo escenario de redadas de refugiados se produjo en Uganda, alrededor de 2.000 refugiados fueron repatriados a la fuerza.
RFI informa que “en el enorme campamento de Nakivale, al sur de Uganda, los solicitantes ruandeses de asilo fueron agrupados en un lugar llamado Campamento Base, cuando los vehículos de la policía llegaron junto con trece camiones, fueron metidos como ganado, sin equipaje, sin comida ni agua, en total a 2.000 ruandeses les hicieron coger a la fuerza el camino de su país”.
Según Amnistía Internacional “esta operación se llevó a cabo violando el derecho internacional que ampara a los refugiados y a los derechos humanos. Los ruandeses, donde un buen número de ellos habían conseguido el estatuto de refugiado, se vieron obligados bajo amenaza a montar en los camiones. Muchas personas, incluyendo mujeres embarazadas resultaron heridas durante la operación. Un hombre como mínimo murió saltando desde un camión”.
Según Pascal Kalinganire de la Organización por la paz, la justicia y el desarrollo de Ruanda, que ha coordinado el memorándum, sólo una movilización masiva que pueda bloquear la invocación a la cláusula de suspensión, permitiría evitar la misma suerte a las docenas de millares de refugiados dispersos por todo el mundo.
Ruhumuza Mbonyumutwa
Jambonews.net, 13 de junio de 2011.
Traducido por Juan Carlos Solís Santander, para Fundación Sur.
