En junio de 2019 se cumplen 30 años de la llegada al poder de Omar al-Bashir en Sudán mediante un golpe de Estado que derrocó al Gobierno electo encabezado por el Primer Ministro Sadeq al-Mahdi. Desde ese momento, el país ha estado bajo el Gobierno del National Congress Party, caracterizado por representar un régimen autocrático erigido a partir de la militarización del Estado. Durante el 2018, el país enfrentó un escenario bifurcado entre la reducción de la intensidad de la violencia en las regiones de Darfur (oeste) y Kordofán Sur y Nilo Azul (sur), y el aumento de la crisis económica y política a nivel nacional que desataron masivas manifestaciones populares a lo largo del año, teniendo su epicentro en diciembre, las cuales se han mantenido desde entonces. En ellas, la participación de las mujeres sudanesas ha sido central. Como resultado el gobierno sudanés decretó el estado de emergencia en el país durante todo el año 2019, disolviendo, a su vez, los gobiernos estatales, nombrando a oficiales militares o de inteligencia como nuevos gobernadores en los 18 estados del país. En las últimas semanas el Parlamento rebajó el decreto de estado de emergencia al primer semestre del año. Todo lo anterior augura un año que estará marcado por la incertidumbre sobre la continuidad del régimen de Omar al-Bashir al frente del país, en donde será fundamental el devenir de diferentes escenarios.
Crisis en Darfur
En primer lugar, la crisis en Darfur, cuyos orígenes se remontan al año 2003, se ha caracterizado en los últimos años por una reducción de la violencia en gran parte de la zona, debido a diferentes a diferentes factores: los avances en el procesos de negociación, el papel de la comunidad internacional y nacional en la mediación, el cansancio de las partes, o, últimamente, debido a los ceses unilaterales de hostilidades decretados tanto por el Gobierno como los principales grupos rebeldes darfuríes (el Movimiento de Justicia e Igualdad [JEM] y el Movimiento de Liberación de Sudán / facción Minni Minnawi [SLM-MM]). Este escenario ha posibilitado avances en los diálogos de paz, lográndose la firma, a finales del 2018, de un acuerdo de pre-negociación para retomar los acuerdos de Doha de 2006 entre el Gobierno y los grupos rebeldes SLA-MM y JEM. A su vez, el descenso de la violencia también posibilitó la reducción y reconfiguración de la misión conjunta de paz de la UA y la ONU en el país, la UNAMID, la cual, a partir de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU (2363 y 2429), cerró diez bases en el país, así como redujo en casi la mitad su personal militar y policial desplegado. Sin embargo, existen algunos escenarios de riesgo a considerar que pueden significar la vuelta a la violencia. Por un lado, si bien la intensidad de los enfrentamientos se ha visto disminuida, ésta no ha finalizado, concentrándose principalmente en la zona de Jebel Marra, donde las fuerzas rebeldes del SLA lideradas por Abdel Wahid (SLA-AW) han mantenido los enfrentamientos debido a su exclusión de las negociaciones de paz. Ello incidió en el 2018 en importantes enfrentamientos armados entre la rebelión y las fuerzas gubernamentales y sus milicias afines, principalmente a través de las Rapid Support Forces (RSF) –integradas dentro de la estructura militar– que deterioraron la situación de seguridad, incidiendo en el desplazamiento forzado de personas. Sin duda, el riesgo más acuciante para 2019 lo representa el anuncio realizado por las fuerzas paramilitares de las RSF de perpetrar una ofensiva final contra los rebeldes a principios de año, hecho que anticipa un recrudecimiento de los combates. Si bien la UNAMID ha fortalecido su presencia en Jebel Marra, su menor capacidad operativa es un factor a tener presente en futuros escenarios de rebrote de la violencia. Por otro lado, la no incorporación de todos los actores armados a la mesa de negociación, tal y como ha sucedido en otros momentos, significa un riesgo, no solo para finalizar la situación de inseguridad, sino también para la implementación efectiva de cualquier medida adoptada.
Inestabilidad en Kordofán Sur y Nilo Azul
En segundo lugar, el conflicto armado que mantiene el Gobierno en las regiones sureñas de Kordofán Sur y Nilo Azul con las fuerzas rebeldes del Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán – Norte (SPLM-N) también ha mantenido durante los últimos años una lógica descendente de la violencia, con ceses al fuego unilaterales de ambas partes. Ello ha posibilitado la reapertura de los diálogos de paz congelados desde octubre de 2016. Sin embargo, también existen algunos factores de riesgo a tener en cuenta. Por un lado, la creciente fragmentación del SPLM-N, cuyas luchas internas generaron la división de la organización en dos facciones en 2017, una liderada por Abdelaziz al-Hilu y otra bajo mando de Malik Agar, dificulta la resolución del conflicto, en parte debido a la exclusión inicial de los diálogos de paz de la facción encabezada por Agar. Por otro lado, la presencia y ataques de las fuerzas de las RSF en la zona siguen representando un elemento de inseguridad e inestabilidad. Finalmente, la falta de acuerdos sobre el acceso humanitario a las Dos Áreas perpetúa la situación de inseguridad, manteniendo la crisis humanitaria para las poblaciones civiles de la zona.
Crisis política y económica
Finalmente, y en tercer lugar, el recrudecimiento de la crisis económica y política a lo largo del 2018 ha puesto de manifiesto la inestabilidad del régimen de Omar al-Bashir, así como el creciente descontento y malestar de la ciudadanía. Durante el 2018, la tensión política se concentró en dos momentos, a principios y a finales de año, y estuvo originada en el plan de ajuste estructural puesto en marcha por el Gobierno sudanés con el objeto de disipar las dudas del Fondo Monetario Internacional sobre la estabilidad económica del país. Como parte de las medidas de ajuste económico, el Gobierno eliminó el subsidio a la harina, triplicándose el precio del pan, medida que incidió en la vulnerabilidad de las personas más empobrecidas del país. Ello generó importantes manifestaciones ciudadanas en enero de 2018 que fueron duramente reprimidas por las fuerzas de seguridad, reportándose centenares de detenidos. La situación económica empeoró a lo largo del año, incrementándose con la crisis de combustible. El Gobierno introdujo diferentes medidas políticas de contención, entre ellas, la reorganización, primero, del gabinete de Gobierno, y su disolución posterior; la reducción del número de parlamentarios así como de ministerios; el aumento de la representación subnacional en la cámara parlamentaria, etc. Si bien las movilizaciones remitieron a lo largo del año, la aprobación en el Parlamento de la enmienda constitucional presentada por el partido de Gobierno para extender los límites del mandato presidencial a principios de diciembre de 2018, acabó en una nueva oleada de protestas populares. Éstas dieron inicio el 19 de diciembre en la ciudad de Atbara (noreste del país), extendiéndose rápidamente por todo el país. Si bien al principio estuvieron centradas en demandas alusivas a la eliminación del subsidio de la harina y las consecuencias de la crisis económica, a finales de año se ampliaron en un marcado tono anti-Bashir, demandando la dimisión del presidente. Nuevamente la respuesta gubernamental se tradujo en la represión por la fuerza de las protestas, empleando munición real que dejó un balance de al menos 37 personas asesinadas al finalizar el año. Paralelamente, el Gobierno incluyó otras diferentes medidas, como el cierre de internet, así como de varios periódicos y centros educativos, incluidas las universidades, decretando a principios de año el estado de emergencia durante todo el 2019.
Escenarios futuros a seguir
Todo ello ha llevado al país a un punto de inflexión, cuyas consecuencias dependerán, en parte, de las estrategias de represión o diálogo que ofrezca el ejecutivo sudanés, que marcarán el futuro del régimen. En este contexto existen diferentes escenarios a tener en cuenta. 1) El proceso de negociación abierto entre el Gobierno de Sudán y el Gobierno de EEUU para la normalización de las relaciones diplomáticas entre los dos Estados y la eliminación de Sudán de la lista de países que patrocinan el terrorismo. El Departamento de Estado de los EEUU ha exigido al Gobierno de al-Bashir progresos en seis diferentes áreas, las cuales incluyen la resolución pacífica de los conflictos armados en el país, así como la mejora de la situación de los derechos humanos, medidas que pueden condicionar la respuesta del régimen frente al creciente descontento social. 2) La orden de captura que pesa sobre al-Bashir por parte de la Corte Penal Internacional, que lo acusa de cometer crímenes de guerra y lesa humanidad, lo cual puede representar un un importante hándicap, tanto orientado a medir su respuesta, como en lo relativo a incentivar su permanencia en el poder como mecanismo para tratar de garantizar su impunidad, como ha sucedido hasta ahora. 3) La evolución de las negociaciones de paz en las regiones en guerra, que puede significar un elemento sustancial, no sólo para la prolongación o el fin de la violencia en las tres áreas, sino también en relación a su efecto en las dinámicas nacionales. 4) El efecto contagio que puede ocasionar en Sudán las diversas crisis regionales que se mantienen activas, sobre todo en Sudán del Sur, República Centroafricana o Etiopía, así como también la evolución de las relaciones bilaterales del Ejecutivo sudanés con los países vecinos, en las cuales, durante el 2018, se presentaron importantes tensiones con los Gobiernos de Egipto y Etiopia. 5) La evolución de las movilizaciones populares en el país y la capacidad de articulación de los diferentes sectores y movimientos políticos y sociales de la oposición nacional.
Articulo original publicado en Escola de Cultura de Pau (2019) Alerta2018! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz, Editorial Icaria, Barcelona (en fase de publicación)
Fuente: Africaye
