El Pacto no tiene el equilibrio adecuado entre financiamiento público y privado, pero es muy propenso hacia lo privado. Un Pacto justo debe incluir un marco vinculante basado fuertemente en reglas que señalen con mayor claridad las importantes funciones que el Estado debe desempeñar para asegurar unas inversiones sostenibles, los derechos humanos y la protección ambiental, así como atraer inversores (especialmente nacionales) a través de una infraestructura dirigida a satisfacer las necesidades de la ciudadanía.
El «Pacto con África» del G-20, expuesto en el informe del Banco Africano de Desarrollo (BAD), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) en marzo de 2017, señala con razón la importancia de un marco público suficiente para atraer inversores, incluyendo la necesidad de aumentar impuestos y luchar contra la abstención y evasión fiscal. Contiene también algunos otros puntos positivos como el fortalecimiento de los mercados de bonos en moneda local, que son más sostenibles y estables que los mercados de bonos en moneda extranjera.
Sin embargo, el Pacto limita el marco público a infraestructuras «no comerciales» como sanidad, carreteras urbanas y educación. La infraestructura «comercial», que incluye principalmente proyectos de transporte, energía o agua, está abierta a la «participación del sector privado». El plan de privatizar infraestructuras o administrarlas a través de colaboraciones público-privadas tiene algunos grandes problemas:
En primer lugar, no tiene en cuenta muchas experiencias globales negativas del pasado, incluyendo costos más altos para los ciudadanos, peor servicio, pérdida de transparencia y de influencia democrática y riesgos financieros para el público.
En segundo lugar, estas infraestructuras «comerciales» pueden verse particularmente dañadas por inversiones insuficientes de inversores privados, dado que los contratos (por ejemplo, 25 años) son a menudo muy inferiores a la duración media de tales infraestructuras a largo plazo (50 o incluso muchos más años).
En tercer lugar, con la infraestructura «comercial», los inversores «escogen» servicios públicos que son más bien rentables, pero el estado necesita también atender a poblaciones de bajos ingresos que no son rentables y, en algunos casos, subvenciona estos servicios.
En cuarto lugar, las empresas multinacionales implicadas exigen que sus beneficios sean repatriados en una moneda fuerte -aunque el típico contrato de servicios conlleve gastos e ingresos en moneda local- y esto, a menudo, eleva los niveles de deuda externa africana, que ahora están en máximos históricos en muchos países.
El Pacto también guarda silencio sobre problemas de protección de inversores (y la resistencia popular), como la vaga cláusula de «trato justo y equitativo» en los acuerdos de inversión y resolución en caso de controversias entre inversores y estado. El Informe actualizado del Banco Mundial sobre disposiciones contractuales recomendadas del partenariado Público-Privado (PPP) contiene disposiciones («cambio en ley», «fuerza mayor») que restringen el «derecho de regular» del Estado más aún que los controvertidos acuerdos de inversión. Aunque el Pacto no incluye una recomendación directa para tales acuerdos y sistemas de resolución de controversias, los toma como normales. El Pacto exige a los países africanos proporcionar de manera preventiva un entorno propicio para los inversores y a asumir un riesgo fiscal excesivo, una carga injusta dada la cantidad de empresas multinacionales que abusan de los mercados africanos, especialmente a través de los Flujos Financieros Ilícitos que reflejan una falsificación de datos y otras manipulaciones tributarias de hasta 80.000 millones de dólares anuales (según un reciente informe de la Comisión Económica de las Naciones Unidas sobre África).
El Pacto también hace caso omiso de los compromisos de protección y sostenibilidad, a saber, el Acuerdo Climático de París y las promesas de financiación del Fondo Verde para el Clima. Debe reconocerse que las ofertas del G20 2015 (Intended National Determinned Contributions) para reducir las emisiones estuvieron muy por debajo de lo necesario para detener el cambio climático en curso. Se menciona la Agenda 2030, pero no se ve cómo el Pacto asegura que los SDGs sean tenidos en cuenta en las iniciativas específicas. Los gobiernos del G20 parecen argumentar que no es correcto «predicar» a los países africanos sobre sostenibilidad y que el desarrollo es sólo un efecto secundario de hacer negocios. Sin embargo, olvidan que estas salvaguardias y compromisos son en interés de la población de cualquier país, a los que están comprometidos también los propios países africanos y sería necesario asegurar que el dinero del G20 no financie lo que va en contra de sus propios compromisos, dado que algunos gobiernos africanos se dedican a actividades económicas intensivas en fósiles, a pesar de altos niveles de resistencia popular (como el Níger Delta y el petróleo de África oriental y el carbón y el gas de Sudáfrica ).
Fueron también los Países Menos Desarrollados, o the Climate vulnerable fórum, (con fuerte participación africana) quienes defendieron con fuerza el objetivo de 1,5 grados en el Acuerdo de París. A pesar de que el Acuerdo de París no reconoce la «deuda climática» de todos los países del G20 con el continente africano, cualquier partenariado genuino tendría que resolver esta responsabilidad continua, excepcionalmente importante, que supera con creces las deudas monetarias contraídas por los países africanos.
Tampoco hay planes en el Pacto para mecanismos de resolución de deuda a pesar de que, ya ahora, se están agravando los problemas de deuda. La sostenibilidad de la deuda sólo se discute en relación con una mejor supervisión por el FMI de posibles incontrolables riesgos de endeudamiento, sin embargo no hay discusiones sobre cómo manejar una situación en la que la deuda se vuelva, de hecho, insostenible. Un mecanismo justo y completo de búsqueda de resolución de deuda soberana será imprescindible para evitar que el Pacto no se convierta en el punto de partida de la próxima Crisis de Deuda Africana. Además, en sus prescripciones de políticas, el FMI sigue imponiendo regímenes de austeridad neoliberales procíclicos en África. Incluso Sudáfrica está siendo presionada por el FMI para reducir su déficit presupuestario en una estrategia prekeynesiana que reduce de hecho las (ya insignificantes) subvenciones sociales facilitadas a la gente pobre, en el país más desigual del mundo.
Por último, existen cuestiones prácticas en torno al Pacto: Parece que el G20 tiene intención de reunir muy pronto a los países africanos piloto y a los inversores privados. Una reunión de the G20 Finance Track está prevista para el 4 de mayo en Durban, Sudáfrica. Aunque no está claro qué iniciativas del Pacto serán elegidas finalmente por los países piloto, es probable que los gobiernos hagan muy pronto sus compromisos específicos. En caso de que los compromisos finales incluyan también privatización de servicios, protección de inversores y asunción de riesgos, no está claro cómo tales compromisos rápidos por parte de los gobiernos y su aplicación en el corto plazo podrían cumplir las normas estándar mínimas de un proceso democrático.
Por ejemplo, en las reuniones del 22 de Abril del FMI y el Banco Mundial, en el programa «B20 y el Pacto con África: (Boosting Private Investment in Africa) para impulsar la inversión privada en África», un funcionario del Ministerio de Finanzas y Planificación Económica de Ruanda declaró que los inversores pueden iniciar en 6 horas un negocio en su país. Evidentemente, no es posible discernir en unas horas hasta qué punto una inversión puede dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos.
En general, el Pacto del G20 no tiene el equilibrio adecuado entre financiación pública y privada, pero es muy propenso hacia la parte privada, con todas las consecuencias de abusos de financiación predatoria que son bien conocidos. Un Pacto justo debe incluir un marco vinculante fuertemente basado en reglas que señalen con mayor claridad las importantes funciones que el Estado debe desempeñar para asegurar las inversiones sostenibles, los derechos humanos y la protección ambiental, así como atraer a inversores (especialmente nacionales) a través de una infraestructura dirigida a satisfacer las necesidades de la ciudadanía. Un Pacto justo rechazaría la resolución de disputas de inversor a estado y en su lugar solicitaría y financiaría una fuerte jurisdicción judicial interna sobre disputas, especialmente aquellas entre sociedad y naturaleza por un lado, y las corporaciones y bancos, a menudo irresponsables, del G20 por el otro.
Sociedad Civil 20
*C20 (Sociedad Civil 20) es una red que analiza y promociona el debate sobre el G20.
– Contacto:
Markus Henn
C20 Finance Working Group Co-Chair
markus.henn@weed-online.org / +49-30-27582249
Fuente: Pambazuka News
[Traducción, Jesús Esteibarlanda]
[Fundación Sur]
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