El revitalizado acuerdo sobre la resolución del conflicto en Sudán del Sur R-ARCSS rubricado la última semana ha consagrado varias reformas legales e institucionales para ser llevadas a cabo, pero no ha conseguido proveer los recursos necesarios para la mejora del sector de medios de comunicación en la joven nación.
Dos leyes de medios: The Media Authority Act (2013); y The Right of Access to Information Act (2013) necesitan urgentemente reformas para garantizar que el que deber ser el organismo autónomo regulador de medios, Media.Authority, y la comisión de información operen independientemente del brazo ejecutivo del gobierno y garanticen su adhesión a los principios democráticos, a la ley de derechos humanos y mejores prácticas internacionales.
Media Authority está establecido, según el Acta, para la regulación, desarrollo y promoción de medios independientes y profesionales en Sudán del Sur.
Entre otros, the Media Authority Act establece además que la Autoridad de Medios será un organismo regulador para los medios de Radiodifusión y la transformación de la Televisión y Radio controladas por el Estado y el Gobierno (SSBC) en el Servicio Público de Radiodifusión.
Por otra parte, la Ley de Derecho de Acceso a la Información reconoce explícitamente el derecho constitucional de los ciudadanos a acceder a la información en poder de organismos públicos o privados como elemento fundamental para el cumplimiento de los derechos humanos y la lucha contra la corrupción y la Ley establece la oficina del Comisionado de Información con el mandato para, entre otros, promover la máxima divulgación de la información de interés público.
Sin embargo, todavía se necesita una serie de reformas, tanto en la Ley de la Autoridad de los Medios de Comunicación como en la Ley del Derecho de Acceso a la Información para que los organismos establecidos en virtud de la misma puedan cumplir con las expectativas. Algunos de los miembros que prestan servicio en esos organismos pueden tener buenas intenciones, pero están atados debido a varios factores derivados de las disposiciones de la Ley.
Algunas de las reformas requeridas
Las reformas necesarias incluyen, (aunque no se limitan a las que enumeramos), reformar los procedimientos de nombramiento de los miembros de los órganos de medios establecidos por esas leyes y otorgarles la seguridad de la tenencia ya que el presidente, en lugar de la legislatura, tiene actualmente los poderes para eliminarlos.
El Artículo 19 de la Organización de Derechos Humanos observado que «la Autoridad de Medios no será independiente del gobierno por una serie de razones:
– Sus miembros serían nombrados por la acción conjunta del Ministro de Información y Radiodifusión, el Consejo de Ministros y el Presidente, y este los puede remover, por recomendación del Ministro… aunque aparentemente más participantes contribuyen al proceso, todos son de partes del gobierno.
– El presupuesto de la Autoridad de Medios dependerá de la aprobación del gobierno y puede aceptar subvenciones del gobierno, lo que abre una puerta a influencias indebidas.
– La ley otorga al Ministerio y a las entidades gubernamentales el derecho de iniciar procedimientos legales por parte de la Autoridad de Medios, que invita a procedimientos políticamente motivados contra proveedores de medios, y significa una interferencia con la independencia de la Autoridad de Medios».
En la Ley de Derecho de Acceso a la Información, el Artículo 19 recomendaba además que:
«Los nombramientos y la selección del Comisionado de Información deberían ser realizadas por un comité parlamentario multipartidista, y no deberían involucrar al Presidente o al Ministerio. La sociedad civil y otros representantes del público en general deberían tener el poder y la oportunidad de designar personas para el cargo de Comisionado de Información.
La remoción de su puesto del Comisionado de Información solo debe basarse en infracciones graves de la constitución, grave mala conducta, incapacidad física o mental para desempeñar las funciones del cargo, incompetencia o quiebra. La Asamblea debe iniciar y supervisar cualquier proceso de remoción del cargo».
La sección 5 de The Media Authority Act, que criminaliza la difamación en lugar de proveer para ella una ofensa civil, debe también ser derogada.
Con respecto a la penalización de la difamación, el mes de febrero, la División de Derechos Humanos (HRD) de la Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en un informe conjunto sobre el Derecho a la libertad de opinión y expresión en Sudán del Sur desde la crisis de julio de 2016, escribió:
«Como muestra el presente informe, el restrictivo marco legal interno, que criminaliza la difamación y no define claramente las cláusulas que limitan el ejercicio de la libertad de expresión, deja un amplio margen de interpretación que podría conducir a una aplicación arbitraria. Dado que los medios de comunicación y la sociedad civil desempeñan un papel clave en la promoción de buena gobernanza y rendición de cuentas, periodistas y actores críticos de la sociedad civil se han visto especialmente afectados por la censura, el acoso, las amenazas y la violencia. Como resultado, los ciudadanos temen un enjuiciamiento penal por expresar sus puntos de vista o les preocupa su seguridad, y tienden a practicar la autocensura».
La Autoridad de Medios
Ya sobre el terreno, la Autoridad de Medios ya se ha involucrado en acciones negativas que no están en línea con la Ley que la establece. Por ejemplo, la Autoridad de Medios propuso el «registro» de los medios de comunicación y advirtió «al público y a los donantes que no se relacionen con canales de comunicación que dice que no están registrados y que operan de forma ilegal».
A partir del 24 de abril de 2018, The Media Authority dio a conocer canales de comunicación y entidades que están «legalmente» registradas y «autorizó» nueve periódicos y revistas.
Tales acciones violan claramente la Sección 13 (i) de la Ley de la Autoridad de Medios que establece que «…no habrá licencia o registro de periódicos, agencias de noticias, revistas y publicaciones periódicas u otros medios impresos, o de sitios web o fuentes de contenido en Internet, aparte de lo requerido por la ley para cualquier empresa que busque dedicarse a una actividad comercial o sin fines de lucro…»
Como argumenté recientemente en uno de mis artículos, la Autoridad de Medios no tiene poderes para registrar periódicos, agencias de noticias, revistas. El registro en el Acta, requerido «por ley para cualquier empresa que busque participar en una actividad comercial o sin fines de lucro» no es competencia de la Autoridad de Medios, ya que corresponde al Ministerio de Justicia en este momento y tales registros son puramente para aquellos propósitos mencionados y nada que ver con la profesionalidad/ética de medios y la Autoridad de Medios per se.
También el año pasado, The Media Authority «prohibió» que una veintena de periodistas extranjeros ingresaran o trabajaran en Sudán del Sur por dar a conocer lo que denominaron «historias sin fundamento y poco realistas». Al tomar esta decisión, the Media Authority
no citó ninguna ley ni ningún procedimiento transparente, verificable y justificado.
Reformas inadecuadas
El artículo 1 (18) (1) de la R-ARCSS prevé la reforma y reconstitución de la South Sudan Broadcasting Corporation SSBC «…prestando especial atención al mandato y nombramientos, para garantizar su independencia (la de SSBC`s) y rendición de cuentas”. Sin embargo, en lugar de proveer para que las reformas y la reconstitución sean hechas por la legislatura enmendando la SSBC Act de 2013, el R-ARCSS, al igual que el ARCSS, establece que las reformas deben ser realizadas por el ejecutivo. De acuerdo con la Sección 32 de la SSBC Act, la Autoridad de Medios supervisará la SSBC. Esto significa que, proveer para reformas y reconstitución de la SSBC sin proveer para reformas de la Autoridad de Medios, que actualmente carece de independencia necesaria como se argumentó anteriormente, es en sí misma inadecuada, por lo que no puede ser considerada como una reforma en el sector de los medios.
El «limitado» mandato del proceso de paz no es una justificación
Sin duda, el proceso de paz en curso (High –Level Revitalization Forum (Foro de Revitalización de Alto Nivel) no es nuevo per se, ya que es la revitalización del Acuerdo de 2015 sobre la Resolución del Conflicto ARCSS que ha enfrentado serios desafíos de implementación desde la reanudación del conflicto armado en julio de 2016.
Respondiendo al nuevo conflicto armado y las circunstancias que surgieron en Sudán del Sur, la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de la IGAD en un comunicado, el 12 de junio de 2017, mandató al Consejo de Ministros de la IGAD para «convocar urgentemente un Foro de Revitalización de Alto Nivel (HLRF) de las partes en el ARCSS, incluidos grupos distanciados para discutir medidas concretas, restablecer el alto el fuego permanente, la plena implementación del Acuerdo de Paz y desarrollar un calendario revisado y realista y un cronograma de implementación hacia elecciones democráticas al final del Periodo de Transición».
Sin embargo, dado que el gobierno y la oposición han podido hasta ahora llegar a un acuerdo sobre ciertos asuntos tales como el establecimiento de un Tribunal Constitucional que, aunque es un buen punto, es nuevo para el ARCSS y no está explícitamente previsto en el mandato del HLRF, no es una justificación para ellos citar el mandato «limitado» del HLRF para no incluir, en el acordado R-ARCSS, disposiciones para reformas de las leyes de medios en el país: The Media Authority Act, 2013; y The Right of Acces to Information Act de 2013, para garantizar que, la que tiene que ser autónoma , Media Authority y la comisión de información operen independientemente del brazo ejecutivo del gobierno y aseguren su adhesión a los principios democráticos, a las leyes de derechos humanos y a mejores prácticas internacionales.
Dado que el R-ARCSS definitivo aún no se ha finalizado y firmado, ya es hora de que la sociedad civil y los partidos que participan en el HLRF luchen para garantizar que The Media Authority Act, 2013; y La Ley de Derecho de Acceso a la Información, 2013 estén incluidos en el R-ARCSS como parte de la legislación a reformar.
Sin un sector de medios vibrante no será posible garantizar la plena aplicación del Acuerdo de Paz (R-ARCSS).
Para concluir, quisiera estar de acuerdo con el vicepresidente de la Comisión Conjunta de Monitoreo y Evaluación de ARCSS, el General de División Augostino Njoroge, quien el año pasado, pidiendo la protección de los principios fundamentales de la libertad de prensa y el fin de la represión contra periodistas en el Sur Sudán dijo: «Los medios de comunicación, en Sudán del Sur, como es el caso a nivel mundial, pueden ofrecer una plataforma para diferentes voces que buscan promover la tolerancia, el diálogo, la cohesión y el compromiso. Esto asegurará una sanación integral nacional y diálogo y también dará forma a la agenda de desarrollo del país».
Además, como, acertadamente, observa el Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre la Seguridad de Periodistas y el Problema de la Impunidad, «un periodista silenciado silencia las voces de las personas y restringe su derecho a saber. El resultado es una sociedad donde los ciudadanos temerosos recurren a la autocensura y donde no es posible tomar decisiones informadas».
El momento de actuar para la reforma del sector de medios de Sudán del Sur es ahora y es totalmente posible.
Roger Alfred Yoron Modi
* El autor, Roger Alfred Yoron Modi, un periodista de Sudán del Sur, es el ex editor de Juba Monitor Newspaper y ex editor en jefe de Bakhita Radio. É
– correo electrónico: rogeryoron@gmail.com
– Twitter @YoronModi
Fuente: Radio Tamazuj
[Fundación Sur]
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