División de poderes: gobierno vs justicia

Parece ser que los líderes políticos ruandeses piden al gobierno que se tomen medidas legales contra el juez español, Fernando Andrei Mirelles, por haber dictado orden de arresto internacional contra 40 personas que forman o han formado parte de la cúpula político-militar del Ejército Patriótico Ruandés y del Frente Patriótico Ruandés que, desde mediados de 1994, ocupa el poder en Ruanda para que respondan a acusaciones de crímenes cometidos tras el genocidio de 1994, entre los que se incluyen los sufridos por 9 víctimas españolas, entre misioneros y cooperantes, y los cometidos de manera selectiva y masiva contra civiles y religiosos ruandeses y congoleses. También se incluyen crímenes de pillaje de recursos naturales en el Congo RD.
Un auténtico sistema democrático está basado en la división de poderes: el poder legislativo determina y establece las leyes (penales) y el poder judicial las aplica. Una vez las leyes establecidas, el gobierno no puede dictaminar sentencia absolutoria o condenatoria sobre nadie. Esto es prerrogativa exclusiva del poder judicial.
Por su parte, el poder judicial es libre de investigar cualquier crimen, cometido por ciudadanos de a pié, o por altos dirigentes políticos. Si tienen inmunidad parlamentaria, el parlamento podría cooperar con la justicia y revocarles la inmunidad. Cuando el poder judicial encuentra indicios de criminalidad tiene el deber de convocar a los imputados para escucharles, se defiendan de las acusaciones y puedan presentar su versión de los hechos.
El modo correcto de proceder es presentarse ante el juez y prestar declaración. En un sistema democrático es un error pedir que un gobierno tome medidas contra un juez por hacer su trabajo. Dicha interferencia tendría como objetivo silenciar al juez, y garantizar la impunidad de los criminales.