El Gobierno de Camerún ha sido llamado a declarar ante el máximo tribunal del país por la imposición de un apagón de internet en las agitadas regiones anglófonas. El 30 de septiembre de 2017 el gobierno impuso restricciones al acceso a las redes sociales como Facebook, Twitter y WhatsApp. El cierre se llevó a término a pesar de una declaración del gobierno que decía que no se implementarían tales planes. Los activistas calcularon que el jueves 25 de enero de 2018 suspuso el 118º día de cierre.
Dos grupos por la libertad en la red, Access Now e Internet Sans Frontieres (ISF) interpusieron una demanda, el pasado 19 de enero, sobre el cierre ordenado por el gobierno en las regiones anglófonas de Camerún el año pasado. Los dos grupos están dentro de la coalición #KeepItOn y han estado documentando el costo de los cierres de Internet. La presente demanda se une a dos acciones instituidas anteriormente, en abril de 2017, que prtenden que la justicia se pronuncie sobre el cierre de la red.
En los documentos de 2017, el gobierno de Camerún, el Ministerio de Correos y Telecomunicaciones y la agencia del sector de Telecomunicaciones de Camerún (CAMTEL) figuran como llamados a declaraar. Hay cinco peticionarios, incluida la Iniciativa de Conciencia Global y Enlaces Globales.
El 30 de septiembre fue la víspera de una declaración simbólica de independencia por parte de las dos regiones anglófonas bajo la bandera del Estado de Ambazonia. En el momento en que se realizó un fuerte despliegue de seguridad en las regiones, los enfrentamientos posteriores entre separatistas y las fuerzas de seguridad provocaron muertes, heridos y arrestos masivos.
El cieere no ha sido la primera interrupción de ese tipo en la nación centroafricana. Anteriormente tuvo lugar un apagón total en las regiones del noroeste y suroeste que duró más de tres meses.
«Los tribunales de Camerún tienen la oportunidad de establecer un precedente global a favor de los derechos humanos y el estado de derecho», comunicó Peter Micek, Asesor General de Acceso Ahora. «Al declarar la orden de clausura del gobierno como un decreto discriminatorio, innecesario y desproporcionado, emitido bajo procedimientos defectuosos, el tribunal puede proporcionar remedio a los cameruneses y alumbrar un camino para las víctimas de los cierres en otros lugares».
«Una decisión del Consejo Constitucional de Camerún de reafirmar la protección de los Derechos Humanos y decidir sobre la ilegalidad de los cierres enviaría una señal histórica y poderosa a otros países de la región de África Central», dijo Julie Owono, Directora Ejecutiva de Internet San Frontieres.
Entre 2016 y 2017, la mayoría de los países de la región utilizó arbitrariamente los cierres de Internet por razones políticas.
Fuente: Africa News
[Traducción, Muriel Balda Aspiazu]
[Fundación Sur]
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