Hace dos años el activista camerunés Paul Chouta denunció, a través de su página de Facebook, el trato inhumano sufrido por varias madres y sus bebes al ser detenidas y confinadas en la habitación de un hospital, durante un mes, al no poder pagar las facturas de la cesárea que habían sufrido durante el parto.
Pero Camerún no es el único país africano que retiene a las madres en el hospital hasta que consiguen pagar las tasas de cesárea o asistencia y cuidado médico. Burundi, Ghana, Kenia, la República Democrática del Congo, Nigeria y Zimbabue son otros de los países que también reproducen estas detenciones. Como explican las periodistas kenianas, Angela Oketch y Verah Okeyo las detenciones ilegales en hospitales no son un fenómeno nuevo ni aislado, aunque solo hace tres años que comenzaron a interesar a los Think Thank occidentales, como el británico Chatham House, que redactó un informe sobre esta cruda e injusta realidad.
Como exponen Delan Devakumar y Rob Yates, a pesar de que estas detenciones repercuten en la salud materna e infantil, pues en muchas ocasiones las mujeres, desalentadas por el hecho de ser detenidas tras el parto y la imposibilidad de pagar las tasas, deciden no ir al hospital, aumentando su riesgo de muerte, éstas tienen lugar debido a la escasez de fondos gubernamentales para los hospitales públicos de estos países, junto con una mala gestión dentro de ellos.
La pregunta clave es por qué estas mujeres no pueden pagar las tasas médicas y para responder debemos retroceder hasta los años 80 del siglo pasado, cuando muchos de estos países adoptaron los programas de ajuste estructural que el Banco Mundial les recomendó; planes que incluían las tarifas de usuario para la atención médica, y que han hecho de la sanidad un privilegio en algunos países africanos. Según el último informe de la OMS sobre la cobertura sanitaria universal, en África la salud reproductiva, materna, del recién nacido y del niño tan solo es cubierta en un 55 %, mientras que la cobertura sanitaria universal en el continente tan solo alcanza a un 46 %.
Algunas propuestas han sido barajadas para transformar esta injusta realidad como la instauración de mecanismos públicos obligatorios, tales como impuestos y seguros sociales o la creación de redes de donantes internacionales. Pero mientras los poderes nacionales buscan soluciones, condicionados por las reglas asimétricas del tablero internacional, las mujeres siguen esperando confinadas en la habitación de algún hospital.
Irene Ruzafa Martín
[Fundación Sur]
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