Crónica política de Ruanda 2005 – 2007

1. INTRODUCCIÓN

Tanto Burundi como la RDCongo han llevado a cabo en 2005 y 2006 sus respectivas transiciones y han recibido una cierta atención. De Rwanda, más allá de sus enredos con Francia, se ha hablado más bien poco y, al menos para el visitante apresurado que no ve más que el escaparate de Kigali, parece que reina en el país un aire de normalidad.

2. GOBERNACIÓN

Desde mi última crónica, no se ha producido modificación significativa; más bien la confirmación, de la tendencia señalada en el anterior Anuario: “A medida que progresa la transición, los espacios de libertad se cierran, tanto en el ámbito político como en el de la sociedad civil y en lugar de evolucionar hacia la democracia, Rwanda ve cómo se consolida un régimen autoritario, incluso totalitario”

La confianza del régimen en la ingeniería social se ha acentuado estos años. Su voluntarismo va desde la prohibición de bolsas de plástico – medida excelente desde el punto de vista del medio ambiente – o la consagración masiva de alianzas matrimoniales según el derecho estatal, a la puesta en marcha de una política desenfrenada de modernización. Los niños no son admitidos en la escuela si no llevan calzado y uniforme, el acceso a los centros de salud está prohibido a los descalzos. En el este, las autoridades decretan que todos los cultivos deben hacerse en línea y que nada, ni siquiera las alubias, deben sembrarse en los platanares. Como las instrucciones no son obedecidas, los responsables locales se dedican a arrancar cultivos y hasta algunos campesinos son encerrados. Meses más tarde, el gobernador prohíbe el cultivo de boniatos; el ministerio le llama al orden y el gobernador declara que su prohibición era una broma. En septiembre de 2006, el alcalde de Muhunga (Gitarama) ordena cortar los platanares para que sean sustituidos por cultivos de renta, como flores o piña. Un reportaje de la BBC hace retirar la orden y los platanares no son cortados. Pero, el incidente muestra hasta qué punto se impone la modernización y el nulo caso que el poder hace de la suerte de los campesinos, para los que el platanar es fuente de supervivencia material y social.

Al mismo tiempo, las poblaciones rurales ven que se les imponen obligaciones cada vez más pesadas y costosas: construcción de sanitarios, fosas para compost, mesas para que seque la vajilla, utilización de mosquiteros impregnados, porte de ropa limpia después del trabajo en el campo, adhesión a mutuas de salud…, todo ello acompañado de multas en caso de incumplimiento. Todo ruandés de 6 o más años debe comprar carnés de participación en trabajos comunitarios umuganda y en los gacaca; la gente paga 100 francos para liberarse de obligaciones que les alejan de los campos, y el que no posee el carné recibe una multa y no tiene acceso a los servicios municipales. El carné de pertenencia a una mutua sanitaria es también obligatorio y quien no puede exhibirlo no puede acceder a los mercados. Todas estas obligaciones van acompañadas de múltiples engorros administrativos. Por ejemplo, es necesaria una autorización, firmada por responsables locales, para buscar documentos administrativos, antes de poder solicitar un carné de identidad u otros múltiples certificados considerados indispensables. Todo se paga, ¡claro está!: “Incluso el que busca un certificado de indigente debe pagar previamente algunas tasas”.

André Guichaoua resumen perfectamente las consecuencias de esta ingeniería: “El nuevo orden agronómico impuesto con coerción sin concertación con los productores tiene como consecuencia el mantenimientos de una miserias generalizada, situaciones de escasez crónica regionales y la producción acelerada de campesinos sin tierra, radicalmente empobrecidos. De este modo, a la brutalidad de las relaciones sociales se superponen, en adelante, decisiones tecnocráticas y/o de seguridad, que trastocan los últimos agarraderos del orden campesino”. Constatación dramática en un país que, sin embargo, está fuertemente apoyado en su política de “reducción de la pobreza” por los burócratas bi- y multilaterales.

Los habitantes de las ciudades, sobre todo los pobres de la ciudad, no se libran tampoco de un poder invasor. Algunas municipalidades prohíben a las mujeres entrar en los bares después de las 17h. La ciudad de Kigali, escaparate del régimen, se pone guapa. Cuando se celebran, con cierta regularidad, cumbres, los niños de la calle, los mendigos, las personas mal vestidas son detenidas y llevadas a la cárcel de Gikondo. La limpieza, que sorprende a los visitantes, se hace en detrimento de los pequeños vendedores ambulantes, de los que se ganan la vida en el mercado central (arrasado, para en su lugar construir un centro comercial “moderno”) y de los “moto-taxis”. Peor todavía, miles de habitantes de los barrios pobres son expulsados y sus casas demolidas para crear zonas residenciales. Son realojados más lejos, en barrios sin luz eléctrica, agua o escuelas y tienen enfrentarse a importantes gastos para acceder al centro. Lo mismo sucede con los que deben ceder espacio para la construcción de un parque de atracciones de 100 hectáreas. Hay un ambicioso plan de construcción de “un nuevo Kigali”, cuyas consecuencias para los más pobres pueden adivinarse. La aplicación de la nueva ley de propiedad de terrenos complica aún más las cosas y los litigios están causando estragos: el 90% de las quejas que el ombudsman recibe se refieren a este tema. En julio de 2006, se prohibió la utilización en la construcción en Kigali de ladrillos de barro secado (adobe), y el ministerio se comprometió a construir casas “a bajo precio” (menos de un millón de francos, una fortuna con la que los habitantes de barrios populares no pueden ni soñar).

Una vez consolidado su poder en todo el país, el régimen se muestra cada vez más arrogante, tanto en el interior como en el exterior. El presidente Kagame ataca regularmente a occidente y se queja de las presiones que sufre para que abra el espacio político: “¿Qué es eso del espacio político? ¿Cuál es la norma y quién la fija?”, pregunta imitando a Robert Mugabe y exigiendo que los donantes dejen que los países en desarrollo decidan sobre su propia suerte. Esta actitud varía a veces y, dando pruebas de oportunismo, Kagame reprocha a sus ministros de ser “arrogantes” frente a los donantes de fondos.

En un discurso pronunciado el 7 de abril de 2007, con ocasión de la conmemoración del genocidio, Kagame ataca a las confesiones religiosas, asociaciones locales y comunidad internacional, que “debe pasar de la confesión al reconocimiento de la culpabilidad”, ya que “algunos de sus miembros – y no solo Francia su bestia negra habitual – han jugado un papel importante en el genocidio, lo mismo que los ruandeses”. Por otra parte, lamenta “no haber tenido tiempo para ocuparse de esas gentes que se nos han escapado”: esta referencia a refugiados y desplazados es especialmente chocante, dado que el discurso se pronunciaba en Murambi, no lejos del lugar donde el APR mató a miles de civiles desplazados en 1995.

Cuando Rwanda, según Transparency Internacional, retrocede 40 puestos en la clasificación que mide el grado de corrupción de los países, Kagame afirma que “esta ONG está bajo la influencia de medios que nos son hostiles”. Del mismo modo, cuando el informe del MAEP (Mecanismo africano de evaluación), a la vez que felicita a Rwanda en algunos aspectos (promoción de la mujer, descentralización, buen gobierno económico), formula reservas sobre el buen gobierno político (gestión de la tierra, pluralismo político, independencia del sistema judicial, procedimientos gacaca), Kagame se enfurece: “Esos que han hecho el informe han estudiado en las mejores universidades. Les hemos facilitado el acceso a la información, pero me he quedado sorprendido cuando acusan que no hay espacio político en Rwanda”, para añadir que “probablemente no comprenden bien el término espacio político. Si lo supieran, pondrían a Rwanda como modelo”.

Esta mentalidad totalitaria queda confirmada de manera anecdótica pero muy significativa. Cuando en mayo de 2006, el PAM estima que 300.000 ruandeses necesitan ayuda humanitaria a causa de la hambruna, el gobierno reacciona con virulencia denunciando las estimaciones del PAM como una “fabricación oportunista destinada a servir su propio interés…buscan necesidades para poder seguir siendo operativos en el país”. Días más tarde, es anulada en Kigali “por razones todavía no elucidadas”, la marcha contra el hambre que el PAM organiza en el mundo entero. La negación de urgencias humanitarias es un rasgo típico de las dictaduras, más interesadas en su imagen internacional que en la supervivencia de sus poblaciones.

Las elecciones locales de febrero-marzo de 2006 vinieron a confirmar el carácter esencialmente cosmético del escrutinio. La LDGL, única organización independiente que quiso participar como observadora, constata que “los resultados eran conocidos de antemano en todos los lugares observados (y que) no hubo elección libre de candidatos”. Investigaciones en diez sectores rurales muestran que esa es también la percepción de las gentes, que se percatan que los cuadros tutsi del FPR han consolidado su dominio. Algunos hutu interrogados reacciona con fatalismo ante lo que consideran como la desaparición “de lo adquirido en la revolución”: “Bashaka kutugira ibikoresho” (“Nos quieren explotar como instrumentos”), una referencia al periodo llamado feudal. Aunque este tipo de actitud resignada oculta evidentemente un potencial de violencia, el control total en el ámbito local establecido por el FPR le permite abordar el proceso de las legislativas de 2008 con serenidad. Entonces será perfectamente fútil enviar observadores. El país y su población están totalmente controlados por un poder totalitario, cuya base no es política, sino militar-policial, dominada por los tutsi “ugandeses”.

La noción de control total debe relativizarse, ya que, aunque existe como proyecto, no siempre es enteramente realizado. Hay espacio de contestación, algunos de ellos clandestinos. Existen contradicciones en el seno del FPR, menos monolítico de lo que se piensa, que quedan confirmadas por alejamientos o situaciones “envía muerta”, salidas al exilio, rumores recurrentes de golpe de Estado, negados sistemáticamente.

Hablaré más abajo del fracaso de las jurisdicciones gacaca, pero es preciso señalar que este fracaso contribuye a una evolución y perspectivas más fundamentales y dramáticas. Dado que las bases de una nueva explosión de violencia están echadas, podría suceder que esta violencia no fuera dirigida desde arriba, como en el pasado, sino que fuera muy descentralizada y, en consecuencia, muy difícil de dominar y causaría numerosos víctimas: hutu en el ejército y policía, los Local Defense Forces y civiles tutsi, tutsi objeto de la venganza de sus vecinos hutu. Evidentemente, no es ésta la voluntad del régimen, pero sí la consecuencia de su política.

3. JUSTICIA

La pena de muerte fue abolida en junio de 2007. Las últimas ejecuciones tuvieron lugar en 1998, pero hay más de 600 condenados a la pena capital en las cárceles. Lo que ha llevado a la eliminación de la pena de muerte no es tanto la tendencia abolicionista como el ferviente deseo del gobierno de que las personas detenidas en Arusha o buscada por el FPR sean juzgadas en Rwanda. La existencia de la pena de muerte era un obstáculo para realizar este traslado de Arusha (TPIR) a Rwanda.
Mucho antes del inicio de las jurisdicciones gacaca, la justicia ordinaria se desinteresó del contencioso del genocidio. En septiembre de 2005, el P. Guy Theunis – misionero hasta 1994 en Rwanda y comprometido en la prensa y promoción de los derechos humanos – es detenido en Kigali. Acusado oficialmente de “incitación al genocidio”, en realidad su dossier está vacío y se trata de un arreglo de cuentas con él o con los Padres Blancos o con la Iglesia católica. Se lanzaron acusaciones grotescas y Theunis fue clasificado en la 1ª categoría de genocidas. Gracias a fuertes presiones belgas es transferido a Bruselas. Dos años después, todo parece indicar que su dossier sigue vacío y que tanto Rwanda como Bélgica desean que todo se olvide.

Por el contrario, el proceso contra el antiguo Presidente Bizimungu y siete co-detenidos llegó a término. El Tribunal Supremo, en febrero de 2006, estudió el recurso presentado contra la condena a 15 años de Bizimungu, 10 años contra el antiguo ministro Ntakirutinka y 5 años para el resto. El juicio en primera instancia había sido muy débil, basado exclusivamente en el testimonio de una sola persona, que además estaba implicada, pero el tribunal supremo perdió la ocasión de mostrar “competencia jurídica e independencia” y confirmó las condenas a Bizimungu y Ntakirutinka, absolviendo al resto. En abril de 2007, Kagame indultó a Bizimungu, pero no a Ntakirutinka. El gesto de Kagame es interpretado en clave política, como medio de ganarse la simpatía de los donantes occidentales de fondos.

La amenaza de persecución judicial es una espada de Damocles que pende sobre la cabeza de las elites hutu. En noviembre de 2006, el general Laurent Munyakazi es condenado a cadena perpetua. El teniente coronel Cyriaque Habyarabatuna, cuya valiente oposición al genocidio es ampliamente reconocida, sigue detenido desde 2004. En julio de 2005, el arzobispo de Kigali, Thaddée Ntihinyurwa, debe explicarse ante un gacaca en Cyangugu, región de la que era obispo en 1994. La prensa próxima al FPR cita regularmente nombres de políticos hutu, incluso del FPR, que serían sospechosos y deberían comparecer ante la justicia. Estas amenazas los fragilizan y les imponen una lealtad total al FPR. El aviso es claro: si dejan de ser útiles al régimen, les espera la cárcel.

Tras una larga etapa piloto, las jurisdicciones gacaca se generalizan en el conjunto del país en julio de 2006. Según las cifras aportadas por el servicio nacional de estas jurisdicciones, en marzo de 2007 habían sido juzgadas unas 76.000 personas, esto es, el 10% del número de sospechosos, evaluado en unas 800.000 personas. Parece poco realista esperar, como lo ha hecho el ministro de Justicia, que los procesos terminen a finales de 2007. No obstante, más allá de la prolongación posible, todo indica que los gacaca no cumplirán sus objetivos, antes al contrario. Las contradicciones entre una justicia que se presenta como “consuetudinaria” y “local” y la que es en realidad estatal, pero sin las garantía de una justicia oficial; la amenaza física que pesa sobre los sospechosos y las víctimas; la percepción (y la realidad) de una justicia de vencedores; la ausencia de real participación; las coerciones y la imposibilidad de decir la verdad; la corrupción, la incompetencia y los arreglos de cuentas: todo ello contribuye a hacer de esta experiencia un factor, entre otros, de producción de una gran violencia estructural.
El TPIR sigue funcionando con ritmo lento. En 2005-2007, sólo han terminado 5 procesos. Desde su inicio se han realizado 27 juicios a 33 acusados, 5 de ellos absueltos. Actualmente están siendo juzgados 27 acusados; 9 esperan el comienzo de su enjuiciamiento. Solamente 6 condenados purgan su pena en Malí; el resto esperan ser transferidos; un condenado ha sido liberado después de cumplir la pena y 2 han fallecido.

Los procesos en primera instancia deberían terminar a finales de 1008, lo que parece ilusorio, a la vista del número de procedimientos que quedan y de la duración media de los mismos. El problema sería todavía más grave si el fiscal se decidiera a lanzar actas de acusación a miembros del FPR. De ahí que el fiscal trate de enviar algunos sospechosos y acusados ante las jurisdicciones nacionales, incluyendo a Rwanda. En junio de 2007, deposita una solicitud para transferir ante la jurisdicción nacional un primer acusado, Fulgence Kayishema, que está en fuga. Anuncia también que piensa pedir el traslado a Rwanda de 16 acusados, 5 de ellos detenidos en Arusha. En octubre de 2006 hay 3 países, Francia, Bélgica y Países Bajos, que aceptan juzgar a sospechosos. Ephrem Nkezabera, investigado por el fiscal, acepta cooperar con él y a cambio será juzgado en Bélgica. Tras el rechazo del traslado de Michel Bagaragaza hacia Noruega ya que el código penal de este país no reprime el genocidio, el acusado es devuelto ante la justicia holandesa en abril de 2007. También en 2007, el fiscal solicita el traslado a la justicia francesa de dos inculpados. El sacerdote Wenceslas Munyshyaka y el antiguo prefecto de Gikongoro viven en Francia donde son objeto de examen desde hace diez años. Por otra parte, en noviembre de 2006, Munyeshyaka es condenado en rebeldía a cadena perpetua por un tribunal militar ruandés.

Entre tanto, el TPIR sigue practicando una justicia de vencedores. Tras la sustitución de la fiscal Carla Del Ponte, debido entre otras cosas a las presiones intensas del régimen de Kigali que temía que esta fiscal acusara a algunos de sus oficiales, el sustituto, fiscal Jalow, se muestra mucho más prudente. Desde que tomó posesión de su función, no hace sino repetir que está acumulando pruebas sobre los crímenes del FPR y que tomará la decisión de perseguirlos judicialmente “en el momento oportuno”. Dos años después de su nombramiento, afirma que sigue “estudiando pruebas antes de ir más lejos”. A finales de 2006, Amnistía Internacional deplora el fracaso del TPIR en su objetivo de juzgar los crímenes cometidos por todas las partes. A principios de 2007, los abogados de Aloys Ntabakuze piden la suspensión del proceso en tanto el fiscal no haya lanzado diligencias judiciales con relación a los crímenes del FPR. El fiscal reacciona anunciando que “hacia mediados del año, podrá decidir qué tipo de acción emprender”. Cuando escribo estas líneas, junio 2007, esto es a mediados del año, el tribunal nada ha hecho oficialmente, cuando, en principio, debe cerrar sus puertas dentro de año y medio.

La justicia de un número creciente de países está atrapada por el genocidio, más allá del traslado de eventuales acusado provenientes del TPIR. Por un lado, existen procedimientos en cur5so contra responsables del FPR en Francia y España. La orden del juez francés Jean-Louis Bruguière para que se extiendan mandatos de arresto internacional contra 9 oficiales del APR ha engendrado una fuerte polémica y la ruptura de relaciones entre Rwanda y Francia. Una querella criminal ha sido presentada ante la Audiencia Nacional de Madrid, y admitida a trámite, por crímenes de guerra y asesinato de ciudadanos españoles acusa a 69 oficiales y diversos cuadros del FPR, algunos de ellos igualmente involucrados en el procedimiento francés. Mientras la instrucción parisina ha levantado grandes olas y es presentada por el régimen ruandés como puramente política, la que se lleva a cabo en España es más discreta, y probablemente conducirá a inculpaciones y no podrá achacarse de estar “políticamente inspiradas, dado que España ha estado ausente totalmente del conflicto ruandés. Por el contrario, el tribunal de casación belga se declara incompetente para juzgar las querellas presentadas contra Kagame en virtud de la ley de competencia universal, pero bastaría que un belga o un refugiado reconocido presentaran una querella para que ésta fuera admisible.

Por una parte, países terceros se han visto confrontados progresivamente a la necesidad de perseguir a sospechosos de genocidio residentes en su territorio. Por otro, el régimen ruandés hace todo lo posible por mantener la presión, publicando regularmente listas de sospechosos residentes en el extranjero. Por ejemplo, en mayo de 2006, lanzó una lista de 93 nombres, indicando (a veces erróneamente) el país en que viven; probablemente esta lista es una especie de corta-fuegos frente a las acusaciones formuladas contra el FPR en el libro de Abdoul Ruz Filip Reyntjens

L’Afrique de Grands Lacs, Annuaire 2006-2007

Amberes, junio de 2007. Traducción: Enero de 2008