Las acciones deben concentrarse en las personas para garantizar y proteger sus derechos humanos
En días pasados la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó las directrices esenciales para incorporar una perspectiva de derechos en la atención a la pandemia.
Precautelar las formas de vida tradicionales de los pueblos indígenas como fuentes de resiliencia. Contar con más datos sobre la tasa de infección por COVID-19 en los pueblos indígenas y poblaciones afrodescendientes para conducir adecuadamente estrategias diferenciadas e inclusivas. Garantizar el derecho al acceso a la información a través de la amplificación de las campañas de comunicación comunitaria en sus diversas lenguas, así como garantizar su libertad de expresión y participación. Precautelar los derechos de las poblaciones indígenas refugiadas en zonas de conflicto, así como las personas en movilidad humana, las personas con discapacidad, las personas privadas de libertad, principalmente niñas, mujeres y personas adúlalas mayores.
La cosmovisión y el conocimiento ancestral sobre la salud constituyen recursos inmediatos e invalorables de los pueblos indígenas. Los Estados deben de igual forma garantizar el acceso a servicios públicos de salud adecuados e interculturales, así como intérpretes en la atención de salud; acceso a pruebas y protocolos de tratamiento de la COVID-19 en sus comunidades sin generar exposiciones a nuevos focos de contagio. Lamentablemente, la situación actual es que en muchos casos aún no se cuenta ni con un protocolo de prevención con enfoque intercultural.
¿Qué pasará entonces con los kichwa Salasaka en el centro sur del Ecuador o con la población indígena afectada de varios pueblos en las grandes ciudades como Guayaquil o Quito?
Es importante que se aproveche la organización social y se fortalezca el diálogo y trabajo conjunto con líderes indígenas y afrodescendientes. A partir de la existencia de estructuras colectivas, tanto a nivel familiar como comunitario, es urgente repensar desde la diversidad un aislamiento y distanciamiento social más efectivo y sostenible.
Es imprescindible desplegar acciones humanitarias en coordinación directa con sus estructuras organizativas comunitarias. Es urgente prever la provisión de alimentos para garantizar la nutrición de niñas, niños, adolescentes y personas de la tercera edad de los pueblos indígenas y poblaciones afrodescendientes más alejados.
Es imperativo una respuesta culturalmente adecuada que priorice el derecho a la vida, a la dignidad humana y a la integridad cultural. Asegurar los derechos colectivos de las personas y comunidades indígenas y afrodescendientes.
Las mujeres indígenas y afrodescendientes son las más vulnerables. Niñas y mujeres son principalmente recolectoras, pescadoras, agricultoras que dependen de la venta de los productos para subsistir. Durante el confinamiento, las niñas y mujeres se encuentran más expuestas a violencia familiar y a mayores cargas laborales en las tareas del hogar.
Finalmente, ante la crisis económica es urgente que los Estados tomen medidas diferenciadas e incluyentes que protejan la vida por sobre la codicia y la acumulación. Es imperativo fortalecer las economías de subsistencia de las comunidades productoras e integrar sus reivindicaciones y propuestas.
Pero, no todo es gris. En el lenguaje internacional, y lo digo con mucho dolor, se ha acuñado el término “la respuesta tipo Ecuador” al COVID-19, denotando lo que NO hay que hacer. En medio del desconcierto, la confusión, el caos, la falta de respuestas y de liderazgo. La Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica – COICA y la Confederación de Organizaciones Indígenas del Ecuador – CONAIE con sus filiales regionales, han tomado decisiones respecto a la cuarentena y el distanciamiento, han establecido protocolos específicos para las comunidades en consulta con la Organización Panamericana de la Salud y la OMS, y traducen la información oficial y científica en lenguas indígenas. La CONAIE ha llamado a fortalecer el trueque y las ferias comunitarias para garantizar la provisión de alimentos y servicios, entre otras medidas.
Retos para los pueblos indígenas y poblaciones afrodescendientes en un escenario post COVID-19
En medio de la crisis, tenemos ahora la oportunidad para ratificar los principios que guiaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración de la Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
El escenario post COVID-19 permite impulsar con mayor fuerza el cumplimiento de la Agenda 2030 y sus objetivos de desarrollo sostenible. Observamos que somos radicalmente interdependientes, nuestro futuro común depende de la generosidad y la solidaridad entre los seres humanos. En este momento somos más conscientes de que pertenecemos a una gran familia humana y que todos somos frágiles, pero las desigualdades estructurales hacen que unos sean más vulnerables que otros.
Los pueblos indígenas y afrodescendientes constituyen actores centrales para cumplir la Agenda 2030. Son actores imprescindibles para enfrentar la crisis climática ya que protegen el 80% de la biodiversidad mundial. Tenemos mucho que aprender de la cosmovisión indígena y sus conocimientos tradicionales que darán pistas de cómo construir un futuro post COVID-19, principalmente en la mitigación y adaptación al cambio climático.
Debemos aprovechar el inicio de la Década de las Lenguas Indígenas 2022-2032 para promover acciones globales en favor de sus derechos. Las lenguas indígenas constituyen sistemas de conocimiento únicos para comprender mejor el mundo.
El Decenio Internacional de los Afrodescendientes 2015-2024 proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas requiere también un mayor impulso. Asegurar una aplicación plena y efectiva de los derechos humanos de las poblaciones afrodescendientes, especialmente de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.
Es nuestra responsabilidad asegurar participación efectiva de los pueblos indígenas y afrodescendientes en los diferentes niveles de toma de decisiones, en los espacios locales y nacionales pero también en el escenario internacional.
El nuevo mundo post COVID-19 requiere mayor cooperación y solidaridad, un nuevo contrato social entre la sociedad, la economía y la naturaleza. Es momento de construir sociedades más igualitarias, pacíficas, sostenibles, multiculturales y resilientes. Sociedades en las que cada ser humano, desde su diversidad, pueda tener una vida plena y digna.
María Fernanda Espinosa
* Presidenta del 73 período de sesiones de la Asamblea General de la ONU y ex canciller de Ecuador.
Fuente: Nodal
[Fundación Sur]
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