Cada artículo o análisis que leemos sobre la COVID-19 dice que ya nada será igual, que debemos reinventarnos después de este brutal remezón para la humanidad entera. Y es cierto. También es cierto que la pandemia ha servido como un reactivo, en el sentido “químico” de la palabra. Se trata de un compuesto que permite “revelar la presencia de una sustancia diferente y que, a través de una interacción, da lugar a un nuevo producto”. En otras palabras, la COVID-19 ha puesto al desnudo las profundas desigualdades, las brechas de atención y servicios, las personas más vulnerables, el déficit de derechos, la incompetencia y la indolencia.
La pandemia ha sacado a flote lo mejor y lo peor de nuestra especie. Por un lado vemos un despliegue de solidaridad, de generosidad lideradas por los propios ciudadanos, miembros de comunidades, voluntarios. En muchos casos las mujeres son quienes de manera más eficaz han respondido a esta pandemia presidentas, alcaldesas, perfectas. La presidenta de Nueva Zelanda o Finlandia, el Alcalde de Quito, El Gobernador de Nueva York o la Prefecta de Pichincha, han tomado la crisis en serio y han estado al frente de la tormenta tomando decisiones en favor de la vida de la gente y no de los intereses de unos pocos o de réditos políticos. El arte, la poesía, la música, la fotografía han hecho despliegue de creatividad y sensibilidad. Los creadores, los artistas, los artesanos, los ciudadanos comunes han dado color, oxígeno y belleza al confinamiento.
Si hablamos de lo peor, hemos sido testigos del resurgimiento de los ultranacionalismos, de la xenofobia, del racismo, del neo-darwinismo, del autoritarismo. Hemos visto las peores manifestaciones del “sálvense quien pueda” y la “ley del más fuerte”. Hemos visto a los grandes negocios aprovechar de la desesperación, el miedo y la ansiedad social para multiplicar sus ganancias, para especular, para abrazar sus millones y su codicia en medio del distanciamiento social.
Y en este escenario, los pueblos indígenas no solo son, como siempre, víctimas de las injusticias estructurales, de la herencia colonial, del desamparo, sino también ejemplo de dignidad, de creatividad, de resistencia. Recordemos que históricamente los pueblos indígenas de Sudamérica, Centro América y el Caribe han visto amenazada su propia existencia por la introducción de nuevas enfermedades. El virus de la influenza, la transmisión de la viruela, la epidemia del sarampión, la tuberculosis y de la malaria son algunas enfermedades que continúan afectando a los pueblos indígenas.
Uno de cada cuatro habitantes de América Latina y el Caribe es indígena o afrodescendiente. Esta población constituye cerca de la mitad del total de la población rural de nuestra región (FAO, 2019). Por eso, las respuestas y estrategias de respuesta de los gobiernos frente a la pandemia no pueden desconocer la diversidad social, cultural y lingüística de los pueblos indígenas y afrodescendientes.
De acuerdo al último boletín estadístico “La salud de los pueblos indígenas y afrodescendientes en América Latina” (OMS/OPS, 2013), la persistencia de las desigualdades constituyen factores determinantes en los niveles de acceso a la salud, bienestar, causas de mortalidad temprana y morbilidad de los pueblos indígenas y poblaciones afrodescendientes.
Los pueblos indígenas en América Latina y el Caribe sufren 26% más los niveles de pobreza que las poblaciones no indígenas (CEPAL, 2019). Una realidad histórica que lamentablemente persiste fuera de cualquier emergencia sanitaria mundial.
Los pueblos indígenas y afrodescendientes de la región comparten realidades precarias como el acceso a la salud y la educación; a los servicios básicos como al agua potable y saneamiento; altos niveles de desempleo, trabajo informal o mal remunerados; limitado o inexistente acceso a medios de comunicación; altos niveles de mortalidad y desnutrición infantil; entre otros factores.
Con la propagación mundial de la COVID-19, esta situación ya crítica se ha exacerbado. La mortalidad en estos grupos vulnerables puede ser hasta 4 y 5 veces más que en el resto de la población. La desigualdad y la discriminación se amplifican frente a un sistema de salud intercultural insuficiente o inexistente, la falta de políticas cultural y lingüísticamente adecuadas y en otros casos hasta la denegación de sus derechos humanos.
Observamos un déficit histórico en la disponibilidad de datos sobre el impacto de epidemias pasadas en los pueblos indígenas y afrodescendientes. Este déficit está lejos de cambiar. En la situación actual se observa una vez más la inexistencia de información diferenciada sobre los efectos de la COVID-19 en estas poblaciones. Lamentablemente persiste una débil respuesta diferenciada y efectiva por parte de los Estados para abordar la emergencia sanitaria mundial desde una perspectiva étnicamente diferenciada. Es necesario tener datos, cifras, estadísticas con variables étnico-culturales.
Ante esto, se estima que la crisis económica mundial no hará sino empeorar la situación de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Crecerá el hambre y la desnutrición; los conflictos y la violencia vinculados a la escasez de recursos, incrementará el déficit en el acceso a agua potable y alimentos; se profundizará la migración forzada a las ciudades y a otros países en busca de trabajo; entre otras consecuencias.
Las acciones deben concentrarse en las personas para garantizar y proteger sus derechos humanos
En días pasados la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó las directrices esenciales para incorporar una perspectiva de derechos en la atención a la pandemia.
Precautelar las formas de vida tradicionales de los pueblos indígenas como fuentes de resiliencia. Contar con más datos sobre la tasa de infección por COVID-19 en los pueblos indígenas y poblaciones afrodescendientes para conducir adecuadamente estrategias diferenciadas e inclusivas. Garantizar el derecho al acceso a la información a través de la amplificación de las campañas de comunicación comunitaria en sus diversas lenguas, así como garantizar su libertad de expresión y participación. Precautelar los derechos de las poblaciones indígenas refugiadas en zonas de conflicto, así como las personas en movilidad humana, las personas con discapacidad, las personas privadas de libertad, principalmente niñas, mujeres y personas adúlalas mayores.
La cosmovisión y el conocimiento ancestral sobre la salud constituyen recursos inmediatos e invalorables de los pueblos indígenas. Los Estados deben de igual forma garantizar el acceso a servicios públicos de salud adecuados e interculturales, así como intérpretes en la atención de salud; acceso a pruebas y protocolos de tratamiento de la COVID-19 en sus comunidades sin generar exposiciones a nuevos focos de contagio. Lamentablemente, la situación actual es que en muchos casos aún no se cuenta ni con un protocolo de prevención con enfoque intercultural.
¿Qué pasará entonces con los kichwa Salasaka en el centro sur del Ecuador o con la población indígena afectada de varios pueblos en las grandes ciudades como Guayaquil o Quito?
Es importante que se aproveche la organización social y se fortalezca el diálogo y trabajo conjunto con líderes indígenas y afrodescendientes. A partir de la existencia de estructuras colectivas, tanto a nivel familiar como comunitario, es urgente repensar desde la diversidad un aislamiento y distanciamiento social más efectivo y sostenible.
Es imprescindible desplegar acciones humanitarias en coordinación directa con sus estructuras organizativas comunitarias. Es urgente prever la provisión de alimentos para garantizar la nutrición de niñas, niños, adolescentes y personas de la tercera edad de los pueblos indígenas y poblaciones afrodescendientes más alejados.
Es imperativo una respuesta culturalmente adecuada que priorice el derecho a la vida, a la dignidad humana y a la integridad cultural. Asegurar los derechos colectivos de las personas y comunidades indígenas y afrodescendientes.
Las mujeres indígenas y afrodescendientes son las más vulnerables. Niñas y mujeres son principalmente recolectoras, pescadoras, agricultoras que dependen de la venta de los productos para subsistir. Durante el confinamiento, las niñas y mujeres se encuentran más expuestas a violencia familiar y a mayores cargas laborales en las tareas del hogar.
Finalmente, ante la crisis económica es urgente que los Estados tomen medidas diferenciadas e incluyentes que protejan la vida por sobre la codicia y la acumulación. Es imperativo fortalecer las economías de subsistencia de las comunidades productoras e integrar sus reivindicaciones y propuestas.
Pero, no todo es gris. En el lenguaje internacional, y lo digo con mucho dolor, se ha acuñado el término “la respuesta tipo Ecuador” al COVID-19, denotando lo que NO hay que hacer. En medio del desconcierto, la confusión, el caos, la falta de respuestas y de liderazgo. La Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica – COICA y la Confederación de Organizaciones Indígenas del Ecuador – CONAIE con sus filiales regionales, han tomado decisiones respecto a la cuarentena y el distanciamiento, han establecido protocolos específicos para las comunidades en consulta con la Organización Panamericana de la Salud y la OMS, y traducen la información oficial y científica en lenguas indígenas. La CONAIE ha llamado a fortalecer el trueque y las ferias comunitarias para garantizar la provisión de alimentos y servicios, entre otras medidas.
Retos para los pueblos indígenas y poblaciones afrodescendientes en un escenario post COVID-19
En medio de la crisis, tenemos ahora la oportunidad para ratificar los principios que guiaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración de la Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
El escenario post COVID-19 permite impulsar con mayor fuerza el cumplimiento de la Agenda 2030 y sus objetivos de desarrollo sostenible. Observamos que somos radicalmente interdependientes, nuestro futuro común depende de la generosidad y la solidaridad entre los seres humanos. En este momento somos más conscientes de que pertenecemos a una gran familia humana y que todos somos frágiles, pero las desigualdades estructurales hacen que unos sean más vulnerables que otros.
Los pueblos indígenas y afrodescendientes constituyen actores centrales para cumplir la Agenda 2030. Son actores imprescindibles para enfrentar la crisis climática ya que protegen el 80% de la biodiversidad mundial. Tenemos mucho que aprender de la cosmovisión indígena y sus conocimientos tradicionales que darán pistas de cómo construir un futuro post COVID-19, principalmente en la mitigación y adaptación al cambio climático.
Debemos aprovechar el inicio de la Década de las Lenguas Indígenas 2022-2032 para promover acciones globales en favor de sus derechos. Las lenguas indígenas constituyen sistemas de conocimiento únicos para comprender mejor el mundo.
El Decenio Internacional de los Afrodescendientes 2015-2024 proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas requiere también un mayor impulso. Asegurar una aplicación plena y efectiva de los derechos humanos de las poblaciones afrodescendientes, especialmente de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.
Es nuestra responsabilidad asegurar participación efectiva de los pueblos indígenas y afrodescendientes en los diferentes niveles de toma de decisiones, en los espacios locales y nacionales pero también en el escenario internacional.
El nuevo mundo post COVID-19 requiere mayor cooperación y solidaridad, un nuevo contrato social entre la sociedad, la economía y la naturaleza. Es momento de construir sociedades más igualitarias, pacíficas, sostenibles, multiculturales y resilientes. Sociedades en las que cada ser humano, desde su diversidad, pueda tener una vida plena y digna.
María Fernanda Espinosa
* Presidenta del 73 período de sesiones de la Asamblea General de la ONU y ex canciller de Ecuador.
Fuente: Nodal
[Fundación Sur]
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