Bienes adquiridos de forma deshonesta… un abuso demasiado corriente

21/05/2007 | Opinión

Documento de trabajo del CCFD

Principales conclusiones:

De creer al Presidente del Banco Mundial, el americano Paul Wolfowitz, la restitución de los haberes desviados por los dirigentes de los países del Sur debería demostrar el compromiso contraído por la comunidad internacional contra la corrupción, descrita como el cáncer del desarrollo.

¿En cuánto pueden estimarse las sumas desviadas y las restituidas? ¿De qué instrumentos jurídicos dispone un país expoliado y a qué obstáculos debe hacer frente? ¿El compromiso de la comunidad internacional es sincero? Tales son algunas de las cuestiones a las que intenta responder este documento de trabajo de la CCFD. He aquí las principales conclusiones.

1. Los haberes desviados y los bienes mal adquiridos por los dictadores de los países del Sur representan una verdadera amenaza para el desarrollo.

A nivel cuantitativo, los haberes desviados por los dictadores durante las últimas décadas representan, como mínimo, entre 100 y 180 mil millones de dólares. Para algunos países, la sangría es inmensa: ¡la fortuna de 5 a 6 mil millones de dólares acumulada por Mobutu en RDC (ex Zaire) equivale al PIB del país! Estas cifras, que no tienen en cuenta los desvíos cometidos por los allegados a los dictadores, no dan más que una visión por encima de la amplitud de la corrupción. Michel Camdessus, antiguo Director General del FMI, ha mencionado cifras que superan el billón de dólares.

A nivel político, la enorme corrupción mina la democracia. Financia el mantenimiento en el poder de regímenes autoritarios (acuerdos con la oposición, clientelismo, compra de armas). Se impone en la población el ideal de que es la clave del éxito político o económico y tiende a erigirse en sistema. Al minar los esfuerzos emprendidos por los ciudadanos para la justicia y la verdad, puede arruinar las esperanzas de democratización hasta de los más temerarios.

2. Los discursos virtuosos de los proveedores de fondos encubren mal la debilidad de los fondos devueltos (4.000 millones de dólares) o congelados (2.700 millones de dólares)

Básicamente, los fondos devueltos son escasos, sólo ha devuelto fondos Suiza y lo ha hecho recientemente, los de Marcos (Filipinas) y Abacha (Nigeria), también Estados Unidos ha devuelto los relativos a Saddam Hussein (Irak). Francia, que se enorgullece de ser el primer país del G8 que ha ratificado el Convenio de las Naciones Unidas contra la corrupción (llamado el de Mérida), no ha procedido a ninguna medida de restitución.

3. El saqueo de las riquezas de los países del Sur se operó con la complicidad, o por iniciativa, de los Gobiernos y empresas del Norte.

Preocupados de sus intereses geopolíticos y económicos, los Estados Unidos, el Reino Unido o Francia apoyaron la llegada al poder, o el mantenimiento, de los regímenes más despóticos y más corrompidos, tanto en Asia (Suharto, Marcos), en América Latina (Duvalier, Pinochet) como en África (Abacha, Houphouët-Boigny). Mientras que Blumenthal, representante local del FMI, había alertado en un informe, en 1982, de que el régimen Mobutu era un pozo sin fondo, los países occidentales prosiguieron deliberadamente su apoyo financiero. En 1997-98, Francia y la compañía Elf financiaron la retoma del poder en Congo Brazzaville por Denis Sassou Nguesso, más interesados en las condiciones de explotación del petróleo de su país. Por lo tanto, se comprende la poca prisa de los Gobiernos del Norte en embargar y devolver los haberes y bienes mal adquiridos por los dictadores en cuestión. Más allá incluso de la actividad económica, generada por estas aportaciones de liquidez, sancionar a sus aliados de ayer u hoy los expondría a revelaciones que prefieren que pasen desapercibidas.

4. Los paraísos fiscales y judiciales constituyen un obstáculo esencial para al recobro de los haberes de origen ilícito.

Los paraísos fiscales y judiciales, que ofrecen a sus usuarios escasa imposición y opacidad garantizada, minimizan la esperanza de que los países expoliados recobren un día los entre 100 y 180 mil millones robados:

– Es muy difícil la localización de los haberes robados, ya que el secreto bancario y múltiples entidades jurídicas (trust, fundaciones, special purpose vehicle, etc.) permiten encubrir al verdadero propietario de los fondos. Favorecen así el blanqueo del dinero robado y su reciclaje en la economía legal.

– Permiten transferir muy rápidamente los capitales perseguidos (o susceptibles de serlo) a lugares donde se puede difícilmente ir a buscarlos.

Ahora bien, estos paraísos fiscales y judiciales sólo existen con el acuerdo de los grandes centros financieros internacionales. La mitad de los centros extraterritoriales en el mundo se cobijan bajo bandera británica; el Estado de Delaware en los Estados Unidos es un auténtico paraíso fiscal; Europa alberga Luxemburgo, Suiza y Liechtenstein y Francia, en particular, y tolera dentro de su territorio a dos de los peores centros extraterritoriales del mundo: Mónaco y Andorra.

5. A pesar de un arsenal legislativo reforzado, la definición, la congelación y la restitución de los haberes mal adquiridos, chocan con las debilidades de la cooperación judicial.

El arsenal legislativo para coger y devolver los fondos de origen ilícito se ha enriquecido considerablemente estos últimos años. Desde hace diez años, la organización de los Estados americanos, del Consejo de Europa, de la Unión africana y de la Unión Europea se han dotado de convenios y otros protocolos contra la corrupción. Sobre todo, las Naciones Unidas adoptaron en 2003 el Convenio de Mérida, que entró en vigor en diciembre de 2005, y que, en su capítulo V, erige la recaudación de los haberes de origen ilícito como principio del derecho internacional.

No obstante, estas normas quedarán condenadas al rango de declaraciones de principios, mientras no se acompañen de una cooperación judicial efectiva. Para un país expoliado, la recaudación de los haberes robados es un combate que está en curso. Una vez hecha la solicitud de ayuda mutua judicial al país que, se sospecha, alberga los fondos robados, aún es necesario contar con la voluntad de la administración: Francia ha rechazado a Nigeria una solicitud formulada en inglés; Inglaterra se niega a cooperar si no se le prueba que los fondos se encuentran en su territorio (!); Suiza no intenta identificar las cuentas abiertas bajo falsos nombres; Liechtenstein dispone de una quincena de vías de recurso administrativo y judicial que alargan el proceso; algunos países no responden nunca. ¡En el mejor de los casos, la demanda prospera, pero, como para los haberes de Marcos en Suiza, después de 17 años de procedimientos!

Estas dificultades corroboran el triste acta de los magistrados signatarios de la Llamada de Ginebra en 1996: las fronteras no existen ya para el dinero sucio, pero sí para la justicia.

Marzo de 2007

CCFD (Comité Católico contra el Hambre y para el Desarrollo)

4, rue Jean Lantier – 75001 París – Telf.: 01.44.82.80.00 – www.ccfd.asso.fr

Traducido por Victoria Millán para el Departamento África de la Fundación Sur

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