Puede que no haya un país sobre la tierra, ni siquiera Irak, Afganistán o Sudán, que haya sufrido más gravemente los conflictos armados en la última década y media que la República Democrática del Congo.
Varios millones de personas han muerto directa o indirectamente por las luchas armadas o por los desplazamientos forzosos y las consecuencias sanitarias resultantes.
Las principales causas de los combates que han afligido a Congo R.D. durante tanto tiempo han sido la competencia por el control de los enormes recursos naturales que tiene el empobrecido país y el esfuerzo de la vecina Ruanda por erradicar lo que considera una amenaza por parte de los perpetradores del genocidio de 1994, que se refugiaron en el Congo R.D.
Otros varios estados Africanos, Angola, Namibia, Uganda y Zimbabue, también han participado en algún momento en combates armados dentro de Congo R.D., bien sea directa o indirectamente, o mediante las milicias que hacen la guerra por poderes o encargo.
El sufrimiento continúa incluso en partes del país donde la paz ha sido reinstaurada, manifestándose en la epidemia de violencia sexual, gran parte de la cual es cometida por los ex combatientes, que recorren el país.
En estas pésimas circunstancias, un reciente acontecimiento ha dado un extraño rayo de esperanza. La extraordinaria movilización de la sociedad civil congoleña en defensa de las nacientes instituciones democráticas del Congo R.D.
No menos de 210 organizaciones no gubernamentales congoleñas, incluidas la que gozan de mayor reconocimiento y respeto en todo el país, se han unido recientemente para luchar contra el intento del presidente Joseph Kabila de controlar la Asamblea Nacional, la cámara baja del parlamento, tras llegar al poder con las históricas elecciones celebradas en 2006.
El episodio que ha unido a la sociedad civil congoleña fue la insistencia de Kabila, en marzo de 2009, de forzar la dimisión de Vital Kamerhe, el portavoz de la Asamblea Nacional. Kamerhe había suscitado el antagonismo frente a Kabila al criticar su acuerdo secreto con el presidente Paul Kagame de Ruanda, que dio como resultado las operaciones militares conjuntas que tuvieron lugar a principios de este año, contra las fuerzas ruandesas que operan en el Congo R.D.
La supuesta ofensa de Kamerhe era disentir de la línea oficial del partido, debilitando por tanto el prestigio de Kabila ante el público.
Lo más importante sobre este episodio es que demuestra la determinación de los grupos que representan a una parte sustancial de la sociedad congoleña de perseguir el desarrollo democrático. La Asamblea Nacional tiene un rol fundamental a la hora de intentar mejorar la gobernabilidad en el país.
Ha tenido un papel crucial en el esfuerzo de regularizar la industria minera, para que la riqueza mineral de Congo R.D. pueda ser utilizada para mejorar la calidad de vida, y no sólo enriquecer a los señores de la guerra locales y a los gobiernos extranjeros, junto con los intereses de las corporaciones aliadas con ellos.
La comunidad internacional tiene un montón de intereses en el Congo. Su bosque tropical, amenazado por las compañías madereras que han hecho acuerdos con algunas de las milicias, juega una parte importante en la ralentización del calentamiento global. Su cobre, cobalto, estaño y coltán (columbita-tantalita) son esenciales para muchas industrias.
La fuerza de paz de las Naciones Unidas en el Congo R.D., la MONUC, es la mayor y más cara de las intervenciones de la ONU en el mundo.
Los grupos de asistencia humanitaria están profundamente comprometidos con el Congo R.D. y el país es un importante receptor de ayuda internacional. Sobre todo, el Congo importa por la continua violencia y la horrible pobreza y miseria de la mayoría de los casi 70 millones de habitantes.
El intento de la sociedad civil congoleña por fomentar el desarrollo democrático puede ser lo mejor que ha pasado en el país en mucho tiempo. Merece la atención y el apoyo de todos aquellos que quieren un futuro mejor para un enorme país que ha soportado tanto saqueo y mal gobierno.
Aryeh Neier
Aryeh Neier es el presidente del Instituto de Open Society y fundador de Human Right Watch. Autor de “Taking Liberties: Four Decades in the Struggle for Right” (Adquiriendo libertades: cuatro décadas en la lucha por los derechos).
Publicado en The Namibian, el 3 de julio de 2009.
Traducido por Rosa Moro, de Fundación Sur.
