“Vinieron como cabras, como animales en medio de la noche, la policía y el ejército, tirando abajo nuestras puertas y diciéndonos que nos moviéramos”, dice Angelina Conceicao, recordando su expulsión forzosa de la Isla de Luanda, en la capital de Angola, Luanda.
Angelina (no es su nombre real) está de pié a la entrada de la tienda de campaña que comparte con otra familia, rodeada de sus cinco hijos, la mayoría de ellos tan desnudos como polvorientos, en este lugar de las afueras de Luanda, donde las fuerzas de seguridad les dejaron tirados hace cuatro meses.
No hay electricidad, ni agua corriente, ni alcantarillado, ni recolección de basura en este campamento temporal establecido por el gobierno, Zango I. Las tiendas, dice otro residente, María Esperanza, (No es su nombre real), no llegaron hasta después de que su familia y otras 1.000 pasasen un mes allí, al lado del camino.
“Nos dejaron al aire libre y todas las posesiones que teníamos quedaron destruidas por la lluvia”, cuenta Esperanza. “Después, el gobierno empezó a distribuir tiendas, empezaron a vendérnoslas. El primer día valían 100 dólares, pero cuando vieron que no teníamos nada, enseguida bajaron de precio, nosotros pagamos 10 dólares”.
Esta es una historia cada vez más común en Luanda, una ciudad que, aunque inicialmente fue construida para 500.000 residentes, ahora alberga a casi 5 millones de personas, por la migración urbana inducida por los 27 años de guerra civil, según la ONG anti-expulsiones SOS Habitat.
El sociólogo Allan Cain, asegura que el 75 % de la población de Luanda vive en las barriadas peri-urbanas, “y el 80 % de esos residentes no tienen título de propiedad legal de la tierra que ocupan”.
Los pobres de la ciudad han sufrido con el impulso de la reconstrucción de Luanda que han facilitado los petrodólares y las clases más ricas que quieren propiedades de primera calidad a toda costa.
El gobierno está “limpiando” las barriadas de Luanda para cumplir la promesa del presidente Dos Santos de construir un millón de casas para 2012.
Pero el modelo de desarrollo, aparentemente, está basado en expulsar de sus viviendas a comunidades enteras, principalmente a las ilegales, por la fuerza, a los desolados campos de Zango I, II y III.
Human Right Watch y SOS Habitat afirman que entre 2002 y 2006 el estado ha llevado a cabo al menos 18 expulsiones masivas, en las que se ha utilizado la “violencia y el uso excesivo de la fuerza”.
Un informe de 2007 de las Naciones Unidas, detalla algunos de estos abusos:
– Entre noviembre de 2005 y marzo de 2006, la policía y los promotores inmobiliarios privados demolieron casas en los suburbios de Luanda de Cambamba I y II, Banga We y Bairro 28 de agosto, para abrir paso a la construcción del residencial Nova Vida, para gente pudiente. El informe dice que la tierra destinada a la construcción “fue designada sin procesos legales, sin consultar a las comunidades afectadas y sin ningún esfuerzo para dar compensación o una alternativa adecuada de vivienda a los que no podían sobrevivir por sus medios”.
– Entre junio de 2004 y noviembre de 2005, 2.000 familias fueron expulsadas por la fuerza de la municipalidad de Kilamba Kiaxi, a las afueras de Luanda, y según el informe, “la policía golpeó y arrestó a varios residentes y activistas”.
– En junio de 2004, la policía “disparó e hirió a tres residentes”. La ONU dice que las casas fueron demolidas “sin una aviso razonable previo”.
– Dos semanas antes de que Mail & Guardian visitase Zango, alrededor de 3.000 familias de las barriadas de Kilamba Kiaxi, conocido como Bagdad e Irak, fueron expulsadas a Zango, de nuevo en mitad de la noche.
El director de SOS Habitat, Luiz Araujo dice que la estrategia del gobierno es “separar a los pobres de la élite”, especialmente en la muchas zonas de Luanda donde se mezclan las clases.
Angelina y María, por ejemplo, fueron echadas hace cuatro meses de Ilha de Luanda, la línea de tierra que separa el puerto de Luanda del Océano.
Una mezcla de cabañas de pescadores decrépitas, bares chic y hoteles de nueva construcción se encuentran en este lugar de lujo. Las compañías chinas están dividiendo el desarrollo de las infraestructuras de Angola.
Martyn Davies, director ejecutivo del Centro de Estudios Chinos, de Stellenbosch, Suráfrica, calcula que 35 compañías de construcción chinas están ayudando a construir proyectos de carreteras, puentes, hoteles, rascacielos, casinos y viviendas de bajo presupuesto a cambio de más del 30 % de las exportaciones de petróleo de Angola.
La Corporación Internacional China de Depósitos e Inversiones, está asociada con el gobierno angoleño en el proyecto de viviendas de Kilamba Kiaxi, con un coste de 3.500 millones de dólares, que acomodará a alrededor de 200.000 personas, e incluirá locales de negocios y escuelas.
Alrededor de 10.000 trabajadores chinos están destinados allí, según el informe del Centro de Estudios Chinos. China tiene una política de “no interferencia” en África. El comercio con Angola alcanzó los 25.300 millones de dólares el año pasado.
Los 150 empresarios surafricanos que acompañaron a su presidente Jacob Zuma, durante su visita de estado a Angola, claramente quieren una tajada de toda esta acción. El departamento de Comercio e Industria de Suráfrica reconoce que los acuerdos intergubernamentales facilitarán el camino a las compañías surafricanas “siendo como es, parte del proyecto de Dos Santos, el construir un millón de viviendas en Angola”.
Niren Tolsi
Mail & Guardian
