El Movimiento de Solidaridad para la Nueva Etiopía (SMNE, por sus siglas en inglés) y el Instituto Oakland publicaron conjuntamente el exhaustivo informe «Entender el negocio de la inversión agrícola en Etiopía» fruto de una completísima investigación y de una valoración en el país sobre un nuevo fenómeno en auge: el negocio de la inversión agrícola en Etiopía.
Basándose en este informe, el SMNE quiere hacer algunos comentarios y recomendaciones independientes, ya que lo que se pretende es abordar los problemas que se desprenden a través de una serie de observaciones sobre el impacto político y unas recomendaciones específicas.
Como muchos saben, Etiopía es un país que vive en la pobreza desde hace décadas. La preocupación por la inseguridad alimentaria crónica continúa y los esfuerzos por reducir la pobreza y el hambre entre los etíopes sigue siendo un auténtico reto tanto para el presente como para el futuro, sobre todo a medida que su población crece. Paralelamente, Etiopía, como muchas otras naciones africanas, negocia con los inversores extranjeros el arrendamiento a largo plazo de sus tierras agrícolas más productivas.
Nosotros, desde la SMNE, estamos profundamente interesados en que la actual administración del primer ministro etíope, Meles Zenawi, del Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope (EPRDF, por sus siglas en inglés) tenga que rendir más cuentas y tenga una mayor responsabilidad por su férreo control sobre el país, por su nula receptividad hacia las personas y por la apertura de las tierras y de los recursos etíopes sólo para facilitar el acceso a nuevos inversores; todo esto dañará el futuro de los etíopes, a no ser que se tomen medidas de protección.
Por eso queremos hacerle llegar la siguiente información, ya que hay detalles que nunca oirá: este gobierno bloquea a los medios de comunicación, criminaliza a los disidentes, comete un genocidio y crímenes contra la humanidad contra sus propios ciudadanos. El primer ministro Meles dirige un gobierno represivo y corrupto de un solo partido que ha cerrado todo el espacio político dentro del país; mientras que fuera se muestra de manera encantadora, como un país democrático que se preocupa por los derechos humanos, por el estado de derecho, por el medio ambiente y por el bienestar general de su gente.
Pero en lugar de utilizar el negocio de la inversión agrícola para incrementar el bienestar de los etíopes, este régimen y sus compinches se están aprovechando personalmente del control de cada sector de la sociedad; y aquí se incluye el rápido arrendamiento de grandes segmentos de tierras agrícolas a inversores extranjeros y privados sin haberlo consultado con la gente, a pesar de que sus vidas y su sustento se verá afectado en los próximos años. Cientos de miles de personas perderán sus casas, sus cultivos y sus tierras; y tendrán que reasentarse en otro lugar. Los disidentes son el blanco de intimidaciones, de palizas, de encarcelamientos, e incluso de asesinatos. Aquellos que hablan públicamente, como por ejemplo en la radio de la BBC y en la Voz de América, se han visto obligados a huir de su país por motivos de seguridad, aunque estos actos ignoren las leyes constitucionales.
A pesar de que Etiopía es uno de los países con mayor inseguridad alimentaria en el mundo, las empresas extranjeras han dejado claras sus intenciones de exportar la mayor parte de productos a otros países, incluso cuando el gobierno federal ahora suplica por una mayor ayuda alimentaria para millones de personas. De forma parecida, el primer ministro Meles Zenawi, elegido por los jefes de Estado africanos como el representante del continente para el cambio climático, reivindica compensaciones y ayudas de los países industrializados a causa del calentamiento global, pero al mismo tiempo es él quien promueve un desarrollo agrícola sin tener en cuenta el impacto medioambiental.
IMPACTO POLÍTICO
• Impacto político local
La cada vez mayor pérdida de acceso a la tierra y a los recursos, ya sea por la inversión agrícola comercial u otros mecanismos (como, por ejemplo, los reasentamientos) está incrementando el nivel de insatisfacción con las autoridades del gobierno local. Como se ha dicho anteriormente, la disconformidad pública no se tolera, y esta frustración que va a más se articula en la región de diferentes maneras: falta de comunicación pública con las autoridades, aumento de la desconfianza y posibles conflictos. Muchas autoridades del gobierno local no rinden ningún tipo de cuentas a la población, aunque son estos funcionarios gubernamentales locales -los Kebele (asociaciones de vecinos) y algunas veces los Woreda (la forma de gobierno local más pequeña)- sobre quienes recae la frustración de las personas afectadas, y precisamente ellos serán los que sufran primero las consecuencias de cualquier tipo de frustración o disconformidad pública que se produzca en el presente o en el futuro. Según la opinión generalizada, es probable que el conflicto aumente en el futuro allí donde se está produciendo la inversión agrícola.
• Impacto político nacional
En Etiopía hay un miedo generalizado a criticar al gobierno en casi todos los ámbitos; esto se desprende de lo que dicen numerosos etíopes del país y de la diáspora, y de numerosos estudios sobre la situación general de Etiopía. Obviamente esto varía en función de la localidad y de la etnia, pero, sin duda, es en aquellas zonas afectadas por la inversión agrícola que hemos visitado donde existe una frustración importante a causa de la política del gobierno, que raramente se expresa públicamente. Esta frustración se debe en parte, aunque no de forma exclusiva, a los temas relacionados con la tierra; es otra frustración, de las muchas que hay, que contribuyen al descontento con el gobierno local. Aunque esto normalmente ejercería una gran presión sobre el gobierno, la actual falta de capacidad para expresar el descontento limita esta presión. No obstante, para el equipo de investigación quedó claro hasta dónde llega ese nivel de frustración silenciada: la frustración y la disconformidad “tranquila” van en aumento. Si alguna vez se expresara abiertamente, da igual de qué manera, entonces la presión sobre el gobierno sería mayor y con un efecto potencialmente devastador. Hay definitivamente una percepción en el país de que el conflicto a largo plazo será inevitable a causa de las políticas gubernamentales, y el asunto de la inversión agrícola jugará un papel importante.
El resentimiento es también resultado del desarrollo del conglomerado empresarial EFFORT (Fondo de Donación para la Rehabilitación de Tigray) que se formó para ayudar a rehabilitar la región tras el derrocamiento de Mengistu, pero lo que hace es monopolizar todas las oportunidades empresariales. A pesar de que muchos tigrays continúan marginados, este conglomerado empresarial y su círculo de miembros elitistas, entre ellos la mujer del primer ministro que encabeza esta organización de varios miles de millones, supuestamente han amasado grandes fortunas y ahora dominan casi cada uno de los sectores de la economía etíope, incluido el acceso a las tierras y a los recursos naturales. A pesar de autodenominarse organización no gubernamental dirigida a la mejora de la región de Tigray, este conglomerado empresarial carece de transparencia, está conectado al partido que gobierna de forma turbia, está considero como corrupto y no permite la deslealtad al EPRDF.
Aunque el EPRDF y los gobiernos regionales suelen presentar un enfoque homogéneo en temas relacionados con la inversión agrícola, empieza a haber indicios de que no todos están de acuerdo: a finales de enero de 2011, el presidente del gobierno federal Girma Wolde-Giorgis habría escrito una carta al ministro federal de Agricultura donde expresaría su preocupación por la continua cesión de grandes extensiones de tierras por parte del EPRDF. Se centró en el empeoramiento de la reputación internacional de Etiopía, en su preocupación por el cambio climático, en la falta de un asesoramiento adecuado y en la deforestación. Mientras que el puesto del presidente es en gran parte simbólico y ejerce escaso poder, es evidente que, a pesar de un frente unido en público, hay una división importante dentro del gobierno por lo que respecta a las políticas de inversión en tierras.
• Impacto Político Exterior
Muchos grupos de presión de la diáspora escriben sobre la inversión agrícola en un intento de concienciar y de presionar al gobierno etíope. La mayoría de estos esfuerzos han tenido hasta la fecha un escaso impacto en Etiopía, aunque pueden servir de información tanto para otros grupos de la diáspora, como para los que toman decisiones, como para el público en general. Debido al tamaño de la diáspora etíope y el deseo de Etiopía de tener a su comunidad invirtiendo en el país, las percepciones y actitudes de la diáspora pueden ejercer algún tipo de presión sobre el gobierno etíope.
Etiopía se considera a menudo un aliado estratégico de las potencias occidentales, incluyendo a Estados Unidos y a la Unión Europea. Debido a las numerosas críticas internacionales sobre los deficientes antecedentes en materia de derechos humanos en Etiopía, la presión va aumentando sobre el gobierno del país. Sin embargo, debido a su importante localización geográfica y su papel como aliado estratégico, Occidente se muestra reacio, al menos hasta el momento, a usar su importante influencia diplomática y financiera para provocar un cambio. De todos modos, hay signos de que la paciencia se está agotando y la Unión Europea está exigiendo una mejora en materia de derechos humanos a cambio de apoyo financiero y diplomático, y apoyo al desarrollo.
Más allá de las preocupaciones por los derechos humanos, los diplomáticos con los que el equipo de investigación se reunió no mostraron indicio alguno de que el tema de la inversión agrícola se haya discutido a un nivel más alto. Al mismo tiempo, el 28 de enero de 2011, Wikileaks filtró un telegrama con fecha de febrero de 2010 de la embajada de Estados Unidos en Addis Abeba donde se explicaban brevemente algunos negocios sobre inversión agrícola y resumía las preocupaciones internacionales por este tipo de inversión en Etiopía. El telegrama finalizaba con la opinión de que «[a pesar de] estar un paso por detrás en la dirección correcta… esta política que se está desarrollando está muy lejos de ser un medio válido para alcanzar los objetivos establecidos por el grupo de especialistas para modernizar el sector, para generar unas reservas de divisas extranjeras y para incrementar el suministro de alimentos en el país».
Nadie debería creer que estos inversores están ahí para alimentar a los etíopes que se mueren de hambre o para mejorar la seguridad alimentaria en Etiopía: están para ganar dinero.
Se necesitan cambios drásticos, y no sólo en el gobierno etíope, sino también en las personas, en los inversores y en los países que hacen donaciones. Las siguientes recomendaciones no son válidas únicamente para el EPRDF, sino para cualquier otro gobierno que mande en Etiopía.
RECOMENDACIONES
• AL GOBIERNO (O GOBIERNOS) DE ETIOPÍA:
Las siguientes recomendaciones están dirigidas al actual o futuro gobierno federal etíope, aunque también a los gobiernos regionales que pueden estar implicados en el asunto de la inversión de tierras. De todos modos, se espera que sea el gobierno federal quien se ponga a la cabeza de estas competencias.
Si tiene lugar la inversión agrícola en Etiopía, entonces la comunidad internacional espera que se lleve a cabo de una forma en la que los estándares internacionales, los derechos humanos y unas mejores prácticas sean reconocidos. Si se asume la inversión agrícola, el gobierno etíope tiene que respetar, por un lado, la diversidad étnica y los medios de vida de Etiopía y, por otro lado, tiene que esforzarse en minimizar el impacto medioambiental, social y cultural; también tiene que asegurar que la inversión agrícola contribuye al desarrollo de medios de vida sostenibles, a la reducción de la pobreza, y todo se debe hacer de forma transparente. Especificando un poco más, el equipo de investigación creemos, que si la inversión agrícola tiene lugar en Etiopía, las siguientes recomendaciones se deberían poner en práctica por el actual o futuro gobierno (o gobiernos).
1. Reducción del ritmo de la inversión agrícola. Esto permitirá disponer del tiempo necesario para aprender sobre las inversiones que se producen, permitirá actualizar los procesos institucionales y sus capacidades, proporcionará más tiempo para que otros negocios y empleados se beneficien de esta inversión y habrá un sector con una mejor planificación centralizada para la inversión agrícola que garantizará que Etiopía reciba los máximos beneficios de estas inversiones y así los riesgos y los daños colaterales se verán reducidos. La demanda de tierras de cultivo etíopes siempre estará ahí, entonces ¿por qué tanta prisa?
2. Respeto, aplicación e implementación de las leyes existentes y de los convenios internacionales. En muchos casos, una base legal adecuada proporciona los fundamentos necesarios para que allí donde se produce la inversión agrícola se tenga en cuenta la protección de temas sociales y medioambientales. La implementación y el cumplimiento de las leyes existentes permitirá evaluar el impacto que tendrá antes de adjudicarse la inversión, ya que las tierras pueden ser únicamente expropiadas bajo determinadas circunstancias y, si se da el caso, se debe pagar una compensación.
3. Reconocer los derechos consuetudinarios y su consulta. Los convenios internacionales de los derechos humanos obligan a Etiopía a cumplir con los estándares acordados internacionalmente. El EPRDF no puede esperar que los ciudadanos cumplan con las leyes, si ellos mismos son incapaces de hacerlo.
4. Fomentar la participación indígena. Lo más conveniente para todos es que Etiopía integre a los indígenas como socios en el desarrollo. Un punto importante es el fomentar la inversión indígena en la agricultura y ayudarlos a que se conviertan en inversores a pequeña escala. Al incrementar el nivel de “implicación” de los indígenas etíopes se compensarían algunos impactos negativos y se disminuirían los riesgos para el gobierno y para los inversores.
5. Mejorar la seguridad en el uso de la tierra, de su posesión y de su planificación. Esto incluye:
5.1. La certificación de las tierras tiene que ser anterior a la inversión. En las zonas bajas del país se están entregando grandes cantidades de tierra a los inversores, a pesar de que los procesos de certificación están en buena parte ausentes. La certificación tiene que llevarse a cabo antes que la inversión agrícola; de esta manera, se disminuirían los riesgos para los inversores, para el gobierno local y para la población. En este certificado también se deberían reconocer los cambios en los patrones de cultivo, y los derechos pastorales y comunes.
5.2. Sistema de registro centralizado en la inversión agrícola. Aparentemente nadie parece conocer la totalidad o la verdadera extensión de la inversión agrícola en Etiopía. Incluso si con la mejor de las intenciones hubiera habido un anteproyecto centralizado y efectivo en todo el territorio, hubiera sido muy complicado a causa de una total falta de coordinación, de un inadecuado registro de procedimientos y de una falta de comunicación entre los departamentos y los niveles del gobierno. Un sistema centralizado de registro para la inversión agrícola junto con unas normas de información coherente, una breve supervisión y los resultados de la inspección llevada a cabo resultarían altamente beneficiosos para todos los accionistas y las personas que toman las decisiones.
5.3. Aceptar la ordenación territorial. Estos procesos deberían ser públicos y transparentes, y con una amplia consulta organizada antes de la inversión agrícola. Una vez finalizada, los planes sobre el uso de las tierras deben ser respetados, implementados y todos los procesos deben cumplir con lo contenido en el plan sobre el uso de la tierra. Esto ayudaría a tener menos conflictos y a ofrecer más seguridad a los inversores, a los gobiernos y a los terratenientes locales. La planificación de zonas protegidas también tiene que ser un componente de la ordenación territorial regional. Hasta que los procesos de ordenación territorial no estén completados, no se debe entregar un determinado tipo de tierra a los inversores: importantes zonas de humedales, zonas forestales que protegen los nacimientos de reservas cruciales de agua, zonas de alta biodiversidad (o de biodiversidad única), zonas candidatas a recibir el estatus de zona protegida (como es el caso de Gambela), o aquellas zonas donde el proceso de certificación de tierras no está completado. Las autoridades del gobierno regional con las que nos reunimos nos explicaron que estos planes sobre el uso de la tierra harían las cosas más sencillas y reducirían muchos conflictos.
6. Mejorar el proceso del uso de las tierras.
6.1. Mayor proceso integrador entre los diferentes departamentos y niveles de gobierno. Aunque la simplificación del proceso (como se ha hecho a nivel federal) puede limitar la burocracia y ahorrar tiempo y dinero a los inversores, lo convierte en un proceso planeado de forma deficiente, sin ton ni son y, en gran medida, sin regulaciones. Los departamentos encargados de la seguridad alimentaria, de la protección medioambiental y del uso del agua no juegan ningún papel significativo ni en la entrega ni en la continua supervisión de estas inversiones. El tener más de un proceso coordinado, en el que múltiples departamentos gubernamentales pueden contribuir con su experiencia al proceso, no espantaría a los buenos inversores. De hecho, atraería a un tipo de inversor que se asegura de que los derechos se respetan, que está entregado a la ejecución de sus proyectos a largo plazo y quiere que éstos contribuyan al desarrollo global del país.
6.2. Considerar otros modelos de utilización de tierras. Hay muchos modelos para el uso de la tierra (la licitación por las parcelas también está incluida), pero todos empiezan por una planificación integral basada en la colaboración y en la transparencia en el momento de identificar las zonas más idóneas para la inversión agrícola. El criterio de selección utilizado en las propuestas para unas inversiones exitosas debería constituir la base de los planes del inversor para maximizar los beneficios y minimizar los efectos negativos, en especial cuando la población local y los más vulnerables se vean afectados. Puede haber diferentes variaciones de esta idea, como por ejemplo que participe la comunidad en la elección del criterio de selección.
7. Asegurarse que se maximizan los beneficios de la inversión agrícola. Esto incluye:
7.1. Asegurarse de una contribución positiva a la seguridad alimentaria. Cada proyecto debe ser evaluado abiertamente según la manera en que contribuirá a la seguridad alimentaria, tanto a nivel local como nacional. No se debería asumir ningún proyecto que ponga en peligro los medios de vida locales ni la seguridad alimentaria. Los posibles inversores deberían explicar con lujo de detalles cómo van a contribuir a la mejora de la seguridad alimentaria con actividades factibles y cuantificables. La imposición de unas cláusulas en los acuerdos deberían asegurar que los inversores cumplen con sus responsabilidades; se podría incluir las siguientes aproximaciones: asegurar la disponibilidad de la producción local, que no haya exportaciones, formación para la población local, que no haya pérdida de los cultivos locales, iniciativas de desarrollo de la comunidad, mejoras en las infraestructuras locales, etc. Sólo se deberían exportar aquellos alimentos de los que haya las suficientes reservas a nivel local y nacional.
7.2. Asegurar mejoras en las infraestructuras. El poder involucrar a los inversores en el desarrollo de las infraestructuras del país, y especialmente la de los alrededores de las zonas arrendadas, es una oportunidad inmejorable. Esto también les haría sentirse como socios a largo plazo en el desarrollo de Etiopía y no sólo como gente que se aprovecha de un atractivo clima de inversión.
7.3. Seriedad con la transferencia de tecnología. Si es realmente un beneficio, entonces el gobierno debería insistir en un plan donde se resuma cómo esta tecnología mejorada y su saber hacer se va a transmitir a la población local y a las comunidades. Hay un gran número de técnicas y expertos disponibles internacionalmente que pueden ayudar en este proceso. El plan debe ser flexible/adaptable y debe contener objetivos específicos cuantificables y un proceso que permita la evaluación de su éxito. Debería contener detalladas las estrategias de cómo se transmitirán estas nuevas tecnologías y su saber hacer a la población: a través de la práctica, a través de microcréditos o a través de otras técnicas.
7.4. Incremento de las cuotas por el uso del terreno a un nivel más competitivo y cuyos fondos se destinan a compensar los efectos negativos. Cualquier cuota relacionada con la inversión agrícola debe ser aumentada hasta alcanzar unos niveles parecidos a los de otros países con infraestructuras similares del África subsahariana. Estas cuotas deben ser destinadas de forma transparente a proyectos de desarrollo de la comunidad para contrarrestar los efectos negativos; las comunidades son las que deben decidir qué efectos son los que se necesitan compensar.
8. Minimizar los efectos negativos y limitar su riesgo.
8.1. Aumento en la atención del uso del agua. El agua es de vital importancia para todos, pero no hay permisos necesarios, ni límite en su uso, ni medidas de protección ni cuotas. El uso del agua tiene que ser una parte importante en las evaluaciones del anteproyecto: hay que asegurarse de que existe una reserva adecuada para los usuarios finales y que hay un abastecimiento adecuado para las personas y para el funcionamiento ecológico (sin perder de vista los cambios esperables del modelo climático).
8.2. Asegurar la capacidad financiera y técnica de los inversores (en la agricultura). Tiene que haber una evaluación antes de que se distribuya la inversión tanto en capacidad técnica como financiera para llevara a cabo el proyecto. Si el inversor carece de estas capacidades, entonces ¡no se puede permitir que lleve a cabo nada!
8.3. El «Código de conducta ambiental» tiene que ser obligatorio, forzoso y con estrictas penas para los que no lo cumplan. El cumplir con los estándares mínimos (bronce) debe ser una condición para su continua aprobación; se puede incentivar el cumplimiento con los estándares más altos (plata y oro) e incluir una relajación en las cuotas por el uso de las tierras u otros incentivos fiscales o de tasas. Además este código debería ser ampliado para poder incluir más medidas relacionadas con el impacto social, cultural y de seguridad alimentaria. Debe ser evaluado, revisado y puesto al día de manera regular a través de la consulta con los socios afectados. Con la ayuda de la sociedad civil y/o de las comunidades (con el apoyo del gobierno) se podrían llevar a cabo auditorías independientes previstas de forma regular para evaluar cómo se están llevando a cabo los estándares del código.
9. Rechazar la Ley de proclamación sobre organizaciones benéficas y asociaciones (proclamación nº 621/2009). Restringir las actividades de aquellos que investigan los derechos humanos y el buen gobierno sólo abre la puerta a que se critiquen los antecedentes de los derechos humanos en Etiopía y al gobierno. Si el país se atiene a las obligaciones en materia de derechos humanos, entonces tiene que mostrarlo al mundo; la mera existencia de esa ley levanta las sospechas de que Etiopía infringe sus obligaciones. Si el país no tiene nada que ocultar, entonces tendría que tener interés en mostrar al mundo que las evidentes ventajas de la inversión agrícola se están realizando y que ninguno de los efectos temidos se están experimentando.
• A la sociedad civil:
1. Continuar apoyando la recopilación de información y difusión de este tema tan importante. Muchas personas de la sociedad civil participan en los diferentes aspectos de la inversión agrícola. La sociedad civil debe continuar apoyando la iniciativa de ILC (Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra) sobre las presiones comerciales de la tierra en Landportal, en farmlandgrab.org, etc., y debe ser compartida libre y abiertamente; también se debe divulgar al máximo esta información (incluido este informe). Es importante que la información se divulgue no sólo entre los gobiernos, la sociedad civil y los organismos internacionales, sino también entre la gente de a pie. En un país donde no se puede acceder libremente a la información, la divulgación de esta información en el país es importante para sensibilizar y fomentar el intercambio de ideas, en última instancia, el cambio definitivo sólo sucederá en Etiopía gracias al apoyo de los ciudadanos.
2. Considerar la contribución y el apoyo a las anteriores recomendaciones. Muchas de las anteriores recomendaciones al gobierno etíope pueden ser puestas en práctica de una manera mucho más efectiva, eficiente y en el momento oportuno a través de contribuciones (ya sea con dinero, ya sea con experiencia, con motivación, etc.) de la sociedad civil. Ni una sola recomendación implica nuevas aproximaciones ni técnicas. La sociedad civil puede tener un papel destacado en el acercamiento del gobierno y de aquellos recursos internacionales que sean de ayuda.
3. Informar de las violaciones de los derechos de la ocupación de la tierra a través de los proyectos del propio país. No importa si se trata de servicios sanitarios, de educación, de aumento de la capacidad, de conservación de los recursos naturales o de prestaciones de los servicios sociales; casi todos los servicios que la sociedad civil necesita en Etiopía se verán indirectamente y en diferentes grados afectados por la inversión agrícola. Forma parte de nuestra experiencia que muchas de estas ONG e individuos se sienten incómodos cuando hablan de estos impactos y de lo que ven. Pero son precisamente estas ONG y estos individuos los que están en la mejor de las posiciones para informar de lo que está sucediendo sobre el terreno. Hay muchos caminos a través de los que estos individuos y organizaciones pueden contribuir a este conocimiento, sin tener que poner en peligro la posición de su organización en Etiopía.
4. Fomentar la implementación de estas recomendaciones. Presionar a los gobiernos de nuestros países y a otros cuerpos para que apoyen estas recomendaciones. Etiopía recibe numerosísimas ayudas de las potencias occidentales. Esta ayuda debería estar acompañada de responsabilidades. La sociedad civil puede jugar un papel fundamental para asegurar que nuestros gobiernos y otras instituciones financieras pidan cuentas al gobierno etíope.
• Para los grupos de la diáspora:
1. Continuar fomentando. Utilizar los medios de comunicación y las redes sociales para difundir la información que se basa en un cambio positivo, en hechos y en mensajes realistas que no originan ni conflictos, ni rumores ni retórica. Hay muchos grupos activos de la diáspora que denuncian la ocupación de las tierras en Etiopía. Desafortunadamente, muy pocos materiales y áreas de comunicación están disponibles en el país. Los grupos de la diáspora deben continuar siendo creativos para hacer llegar sus mensajes a los etíopes del país.
2. Hablar con las familias y los parientes de vuelta a casa. Compartir esta información con los parientes y amigos en Etiopía; compartir con ellos aquello que se comenta fuera del país e intentar conocer un poco la información de la que disponen. Compartir este informe, pedir que compartan esta información con otros. Discutir los pros y los contras de estos temas con los autóctonos.
• Para los donantes:
1. Presionar al gobierno etíope para que reconozca los derechos humanos y proporcionar una protección medioambiental y social en las prácticas de inversión agrícola. Etiopía depende de la ayuda internacional y, como tal, los donantes se encuentran en una posición privilegiada para exigir que Etiopía cumpla con sus obligaciones internacionales e implemente las recomendaciones anteriores. Los flujos de ayuda deberían ser reducidos si Etiopía no cumple con los derechos humanos internacionales, con un buen gobierno y con los estándares de los derechos indígenas.
2. Asegurarse que las ayudas económicas no se destinan a ningún tipo de proyecto que tenga que ver con la inversión agrícola tal y como se conoce hoy. Las ayudas económicas no deben ser destinadas a proyectos que faciliten la inversión agrícola tal y como se está produciendo actualmente.
3. Considerar los flujos de ayuda para contribuir y asistir al gobierno etíope en conseguir los objetivos mencionados. Sería más fácil poner en práctica muchas de las recomendaciones anteriores si se dispusiera de dinero para respaldarlos.
• Áreas de investigación:
El equipo de investigación sólo ha rascado la superficie de lo que constituye un tema inmenso y muy complejo en Etiopía. El paisaje de la inversión agrícola está en continuo cambio: el tipo y la cantidad de la inversión agrícola que se entrega en fase de desarrollo está en constante cambio y evolución. Una investigación de este calado tiene que ser continua para poder proporcionar una información actual que está siempre en cambio y evolución. Más específicamente, las siguientes áreas deben ser estudiadas a corto plazo:
1. Inversión agrícola en las zonas montañosas. Es totalmente comprensible que se preste una gran atención a las zonas donde la comercialización de la inversión agrícola está sucediendo, las llanuras, pero también es vital tener en cuenta la inversión agrícola en las zonas montañosas. Las zonas altas están muy pobladas, pero están mejor conectadas con los mercados y tienen mejores infraestructuras que las convierte en objetivos potenciales. Se ha hecho una pequeña cobertura de los medios y una profunda investigación sobre la inversión agrícola en las zonas montañosas.
2. Reasentamientos. Es difícil subestimar los efectos que tendrán los reasentamientos en la población de las llanuras etíopes. Muy poco se ha escrito o investigado sobre estas últimas repoblaciones, sus efectos a largo plazo en la forma de vivir, la seguridad alimentaria y su conexión con el fenómenos de la inversión agrícola.
3. Repercusión en el agua. Uno de los temas que deberían estudiarse más en profundidad son las repercusiones que tendrán los ríos que recorren Gambela y los ríos de la cuenca del Nilo Azul. Las presas, las centrales eléctricas, los sistemas de riego, la inversión agrícola no controlada (y lo que conlleva: deforestación y alteración de los humedales), usos locales y un clima cambiante son algunos de las impactos sobre los recursos hídricos en la parte occidental del país. Al mismo tiempo hay pocos controles del agua, si es que hay alguno, en los procesos de inversión agrícola.
4. Repercusiones en el estilo de vida de los indígenas del valle del Olmo. Como se ha hablado anteriormente, las repercusiones en los grupos de indígenas del valle del Olmo están alcanzando unos límites críticos. La atención de la sociedad civil se ha centrado en esta zona en el pasado a causa de la presa propuesta y de los temas que tienen que ver con el parque nacional, pero, hasta donde sabemos, nadie ha hecho una investigación en profundidad donde se analiza la extensión de la inversión agrícola en la zona y cómo interactúa sobre los estilos de vida tradicionales.
FIN
Para consultas de los medios de comunicación, incluidas peticiones de entrevistas, contactar con Obang Metho, director ejecutivo del SMNE. Teléfono 202725-1616 o a la dirección de correo Obang@solidaritymovement.org
El SMNE es un movimiento de justicia social pacífico y apolítico de diferentes etíopes; está comprometido con la verdad, la justicia, la libertad, la igualdad, la reconciliación, la responsabilidad y el respeto por los derechos humanos y sociales con la gente de Etiopía y de más allá. El SMNE tiene diferentes sedes en EEUU, Canadá y Reino Unido, y secciones en diferentes ciudades y países alrededor del mundo, incluida Etiopía.
Nos puedes encontrar en Facebook o en nuestra página web www.solidaritymovement.org
Informe traducido para Fundación Sur por Rocío Murillo.
