Incluso aunque el papa Benedicto XVI dijese el pasado día 23 de marzo que su corazón no puede estar en paz mientras haya gente sin hogar, los más críticos han utilizado su peregrinación por África para resaltar las duras condiciones de vida de miles de personas expulsadas violentamente de tierras propiedad de la iglesia católica.
Amnistía Internacional pidió a Benedicto que durante su visita a Angola presionara al gobierno para que compense a las familias que han sido forzadas a abandonar tierras de la iglesia, desde 2004.
Más de 2.000 familias han sido expulsadas desde que Angola empezó a devolver a la Iglesia tierra que había sido expropiada por el antiguo régimen marxista, según explica Muluka Miti, un investigador de Amnistía Internacional. El grupo de derechos humanos, con sede en Londres, ha declarado que tiene constancia de personas que han sido detenidas y arrestadas arbitrariamente, incluso de algunos casos de torturas.
Mateus Damiao y los ocho miembros de su familia fueron expulsados de su casa en 2007, a las afueras del sur de Luanda, en Wenji Maka, donde se planea construir una nueva iglesia católica. En una entrevista realizada el día 23, describió los ataques repetidos por parte de la policía, desde 1998, algunas veces con máquinas de palas mecánicas, otras obligando a la gente a marcharse a punta de pistola.
“Espero que el mensaje del papa sea escuchado por nuestros líderes y por los sacerdotes y obispos, para que no se deje a más gente sin hogar, como me ocurrió a mí”, declaró Damaio. “Es muy triste. He perdido mi medio de vida. Destruyeron nuestra comunidad, destruyeron nuestras casas. Algunas personas se han visto obligadas a convertirse en mendigos. Alguna gente incluso ha sido mutilada”.
El lunes, el papa pidió a los líderes de Angola que cumplan con “las aspiraciones fundamentales de la gente más necesitada”, añadiendo que era su mayor preocupación. “Nuestros corazones no pueden estar en paz mientras que haya hermanos que sufren la falta de alimentos, trabajo, casa y otros bienes fundamentales”, aseguró el pontífice en su discurso pronunciado en el aeropuerto, antes de su marcha.
Cuando se le preguntó por la denuncia de Amnistía, el portavoz del Vaticano, el reverendo Federico Lombardi, remitió la pregunta al obispo angoleño, monseñor Jose Manuel Imbamba. El prelado negó que nadie hubiera sido desalojado ni que se hubieran destruido casas. “Nosotros ayudamos a los pobres, no les echamos lejos”, aseguró Imbamba en una rueda de prensa.
Fue imposible obtener respuesta o comentario alguno por parte del gobierno de Angola. Jacinto Sampaio, un alto funcionario del centro de prensa del gobierno, señaló que “tenemos que tener las preguntas por escrito, y obtener una respuesta podría llevar hasta una semana de tiempo, o un mes, o incluso puede que nunca se dé una respuesta”.
El gobierno del presidente de Angola, Jose Eduardo Dos Santos, que ha gobernado durante 30 años el país, acusado de corrupción y manejo de las elecciones, ha tenido siempre unas relaciones pedregosas con la iglesia católica.
El gobierno de Angola prohibió la libertad de religión después de 1975, cuando Portugal dio apresuradamente la independencia a sus colonias, y comenzó la guerra civil, recordando a la gente que la iglesia católica había sido aliada de los colonizadores, que enviaron a decenas de miles de angoleños a Brasil y Estados Unidos como esclavos.
Después de un reacercamiento con la iglesia católica, Dos Santos, en 1998, devolvió la tierra que había sido expropiada por el estado a la iglesia, y que había sido ocupada con naturalidad por angoleños corrientes.
Damaio asegura que no mucho después de que la policía comenzase a atacar su comunidad, grupos de derechos humanos dicen que el gobierno había comenzado a desalojar a gente de las tierras devueltas a la iglesia católica ya en 2004, dos años después de que terminase la guerra civil del país.
Además de los desalojos de estas tierras, los grupos de derechos humanos acusan al gobierno de Angola de haber expulsado por la fuerza a otros miles de personas cuando pretendía construir en el centro de la ciudad de Luanda caras torres de apartamentos acristalados, en su empeño por reconstruir las ciudades, Luanda y otras ciudades provinciales, destruidas por los bombardeos durante la guerra civil.
Miti asegura que Amnistía tiene documentados un total de 10.000 familias desalojadas, desde 2001, incluyendo las más de 2.000 familias expulsadas de Wenji Maki. Muchos de estos desalojados han sido realojados en ciudades satélite, lejos de los centros de las ciudades donde vivían, sin electricidad ni agua corriente. No está claro cuántos se han quedado sin recibir casas.
Las autoridades “demolieron casas y simplemente dejaron a la gente sin ningún lugar donde vivir. La gente volvió a construir algunas chabolas, pero las autoridades siempre volvían y las demolían otra vez”, cuenta Luiz Araujo, de SOS Habitat, una organización no gubernamental angoleña.
Araujo cuenta que él abandonó Luanda hace ahora un año más o menos, porque estaba preocupado por su propia seguridad, después de haber sido arrestado varias veces.
“Mientras que el gobierno angoleño asegura que tiene un plan de desarrollo urbano para Luanda, a SOS Habitat se le ha negado el acceso a los documentos”, denuncia Araujo. SOS Habitat proporciona consejería legal para los desalojados, pero los tribunales no tienen todavía ni una sola audiencia de estos casos.
Damaio asegura que su familia no ha recibido nada en compensación desde que les expulsaron de la tierra donde cultivaban yuca, patatas y anacardos. “Ni dinero, ni casa, ni tierra”, lamenta.
“Soy católico. No puedo echar la culpa a mi iglesia, pero estoy muy enfadado con los embajadores de Cristo, los sacerdotes y el obispo, que nos echa de nuestras casas”, sentencia.
(Mail & Guardian, Suráfrica, 24-03-09)
